María Teresa Celada, concejal de la ciudad de Resistencia, emitió un comunicado donde expresa la “necesidad de fortalecer la república y no dañarla más”. A continuación, el comunicado:

“La provincia del Chaco está atravesando momentos difíciles, que desde lo político e institucional es quizás el período más grave de los últimos tiempos. En ese marco, quienes tenemos funciones públicas tenemos el deber y la responsabilidad de fortalecer la república, de afianzar las instituciones y de trabajar en la reconstrucción de la confianza de la gente hacia el Estado. Lo que no podemos hacer es seguir dañando todo eso, algo que traería enormes perjuicios para nuestra provincia, en el presente y en el futuro.

La cuestión judicial ha sido objeto de este intento de daño a las instituciones y a la República. Se ha politizado y mediatizado tanto que pareciera se perdió el rumbo del correcto proceder. Y en ese sentido, el daño que se hace es grande.

Debemos entender en primer lugar cuando es la función de un fiscal, de un juez y de la justicia en su totalidad. Debemos entender como esto se enmarca en la división de poderes que nuestro propio sistema de gobierno defiende. No podemos permitir que la justicia sea una herramienta de presión ni de demostración de poder, ni tampoco podemos permitir que existan grupos que amenacen a nadie en función de su labor.

No podemos permitir que un fiscal, ni su familia, sean condicionados ni amenazados por realizar su trabajo, ni mucho menos, permitir que diferentes grupos de presión exijan al Gobernador que le ponga un freno a un fiscal en la realización de su tarea investigativa.

En la justicia argentina rige el principio de inocencia, por lo cual debe demostrarse, en caso de sospecha de comisión de delito, la correspondiente culpabilidad. Y por ello, es que debemos permitir que se investigue y se determine luego si hubo o no hubo comisión de delito, y ende, si existe o no existe condena.

Ante esta situación es que debemos, entre todos, fortalecer la democracia y la República Argentina, respetar los procesos y la tarea de investigaciones administrativas y judiciales, porque nos debemos a la transparencia y a la rendición de cuentas”.