El mandatario decidió vetar el dinero destinado al sector de la educación pública por el Congreso y además, en el nuevo presupuesto, les asignó cerca de la mitad de lo que vienen reclamando.

El gobierno de Javier Milei continúa con su plan de ajuste contra las universidades públicas y la semana última, decidió vetar el presupuesto destinado a este sector de la educación pública votado por el Congreso de la Nación.

Situación que rápidamente escaló y generó mayor malestar luego de anunciar, en su discurso por el Presupuesto 2025, la asignación de partidas menores de la mitad de lo que las instituciones vienen reclamando hace varios meses. En este marco, rectores y federaciones que nuclean a docentes y no docentes advirtieron una nueva marcha universitaria para el mes de octubre octubre.

Tras la presentación del cálculo presupuestario para el año que viene, el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) definió que destinará $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige $7,2 billones. «Pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado y advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios», apuntó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Según el rector, «no hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%».

En este marco, el pasado lunes se reunieron las federaciones y definieron que el martes próximo, tras la reunión del CIN, anunciarán las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, «salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar», detalló. Asimismo, buscarán presionar para que la Cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para esquivar el veto de Milei.

Ajuste a las universidades: una constante para Milei

En lo que va del año, el Gobierno de Milei asignó actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento. Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son tan solo un 5%.

Desde el inicio de la gestión del libertario, los gremios universitarios consideran insuficientes dichas actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Después, sumaron un 7% de julio.

“No me sorprende (el veto), ya que el presidente había anunciado previamente que avanzaría con el veto en caso de leyes que no estuvieran en línea con sus políticas. Estamos enfrentando una crisis salarial significativa. Casi el 70% de los docentes y no docentes en categorías iniciales están por debajo de la línea de pobreza», apuntó Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en declaraciones radiales. Y aseguró que al no ejecutar los fondos asignados, «constituye un incumplimiento velado de las leyes».

Frente a este preocupante panorama, Mammarella subrayó que el presupuesto de las universidades es «crucial para garantizar el funcionamiento» de las instituciones, incluyendo el pago de salarios a docentes y no docentes. 

El financiamiento de la educación superior representa apenas el 0,21% del PIB y un 10% del «superávit ficticio» de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). La oposición busca restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), vigente desde hace 25 años y que representaba, en promedio, entre el 10% y 20% del salario docente, según cada provincia.  

Al mismo tiempo, las universidades nacionales de Río Negro y San Martín presentaron un informe, publicado y avalado por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el que se concluye que más del 85% de los trabajadores universitarios se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

De acuerdo al documento, los trabajadores y trabajadoras universitarios perdieron más de un cuarto de su poder adquisitivo real y se encontrarían en emergencia salarial. Esta es la conclusión del trabajo presentado con el aval del CIN.