El gobernador Domingo Peppo recibió este jueves al fiscal general del Chaco Federico Carniel, con quien ultimó detalles para la implementación del Programa ATAJO de Acceso a la Justicia en el Chaco.

Acordaron que el lanzamiento del mismo se llevará a cabo el próximo mes, cuando comenzarán con las capacitaciones a actores sociales que estén inmersos en lugares de vulnerabilidad.

“El objetivo principal de la visita fue ponerse de acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Judicial de la Provincia para implementar ATAJO, que es un programa de capacitación y acceso a la Justicia de aquellas personas en estado de vulnerabilidad”, explicó Carniel que estuvo acompañado por el fiscal ad hoc en causas de lesa humanidad, Diego Vigay. Estuvieron en la reunión el Fiscal de Estado Luis Alberto Meza y la subsecretaria de Legal y Técnica Nadia García.

En la ocasión, el gobernador dispuso de la participación activa del Gobierno provincial, haciendo hincapié en el accionar de dos Mesas Ministeriales activas en el Ejecutivo como lo son la Unidad de Enlace de Consumos Problemáticos y la Unidad de Enlace de Casos Vulnerables. “Estos espacios definen políticas de acción para asistir a las comunidades inmersas en problemáticas activas”, agregó.

Explicando más del accionar, el fiscal general anunció que “visitarán distintos pueblos, brindando asesoramiento jurídico por parte de los especialistas, y procurando la realización de denuncias por parte de los habitantes”.

Remarcó que los delitos que aborda el programa son de índole nacional como ser: trata de personas, violencia institucional, narcotráfico, entre otros. Y que se busca capacitar a referentes de sectores vulnerables para la sociedad conozca cómo reaccionar ante cualquier hecho delictivo.

Carniel Informó que, a la par que en el Chaco el programa de la Procuración General de la Nación se implementa en Salta, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires.

Más sobre ATAJO

El principal objetivo del Programa ATAJO es facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial. Se propone explorar respuestas de prevención social del delito y de promoción de derechos como herramientas de acceso a la justicia, que, paralelamente, nutran al Ministerio Público Fiscal (MPF) de un tipo de información que habilite la proyección de su política criminal en función de una participación igualitaria en el sistema de administración de justicia.

 Los espacios creados se encargarán de recibir y derivar denuncias, evacuar consultas, brindar acceso a información judicial, facilitar la resolución alternativa de conflictos, generar mecanismos de prevención de delitos y desarrollar acciones de promoción de derechos para fortalecer los vínculos comunitarios y consolidar los canales de comunicación entre el MPF y la comunidad.