El silencio en los pasillos de la Escuela de Educación Técnica N° 16 «Primero de Mayo» no es de respeto, sino de una pesada indignación. La muerte de Fernanda Almada, una joven de apenas 18 años, ha levantado un velo sobre una realidad que la institución intentó contener entre actas archivadas y promesas de pasillo.

Hoy, la comunidad educativa de Resistencia se enfrenta a una verdad devastadora: la familia de la adolescente denuncia que su fallecimiento no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un calvario de bullying sistemático que las autoridades conocían y decidieron ignorar.

La mañana de este miércoles, las puertas del establecimiento fueron el escenario de un reclamo cargado de dolor y rabia. Rocío, prima de la joven, se convirtió en la voz de una familia rota que no busca traslados administrativos, sino justicia efectiva. Según su crudo testimonio, la escuela no puede alegar sorpresa.

El año pasado se firmó un acta donde figuraban los nombres de nueve estudiantes implicados en el hostigamiento constande hacia Fernanda.

En ese documento, que hoy es una prueba de la desidia, constaban amenazas de una gravedad extrema, donde incluso se instigaba a la joven a quitarse la vida a través de grupos de mensajería y redes sociales.

La respuesta del director en aquel entonces fue la de «cortar el problema de raíz», una frase que hoy suena a una ironía cruel para sus allegados, ya que aseguran que nunca se activó un protocolo real de contención ni se citó a los padres de los agresores. La desprotección fue tal que Rocío debía acompañar a Fernanda hasta la misma puerta de la escuela porque el miedo la paralizaba.

La joven estaba medicada, sufría crisis de angustia y no podía conciliar el sueño, síntomas claros de una salud mental deteriorada por el acoso constante que sufría dentro y fuera de las aulas.

Lo más alarmante del relato familiar apunta al equipo psicopedagógico de la institución. En lugar de encontrar un refugio, Fernanda se habría topado con una barrera de prejuicios.

«Me dijeron que ella era una persona fallada y que era obvio que le pasaran estas cosas», denunció su prima, exponiendo una supuesta violencia institucional que revictimizaba a la alumna en su momento de mayor vulnerabilidad. Esta falta de empatía profesional habría sido el golpe final para una adolescente que ya no encontraba espacios seguros donde desarrollarse.

Mientras un supervisor del Ministerio de Educación intentaba calmar las aguas en la entrada de la escuela, la sospecha de que existen más casos similares comenzó a sobrevolar la protesta.

La familia asegura tener pruebas de otros alumnos que hoy están medicados y se mantienen en silencio por temor a represalias, configurando un escenario de miedo estructural que trasciende a una sola víctima. El pedido de la comunidad es claro: la remoción definitiva de quienes permitieron que el acoso escalara hasta este punto irreversible.

La muerte de Fernanda Almada reabre un debate urgente sobre la responsabilidad civil y penal de los directivos ante el bullying. Para su familia, la solución no es cambiar de escuela ni rotar personal; la solución es que la negligencia deje de ser la norma en el sistema educativo chaqueño.

Hoy, la Técnica 16 no solo perdió a una alumna, perdió la confianza de una comunidad que exige que el nombre de Fernanda sea el último que se mencione en una crónica de esta naturaleza.