El sistema judicial provincial vuelve a estar bajo la lupa ante las denuncias de abogados y particulares que advierten sobre un desgaste emocional y psíquico sin precedentes en causas de alimentos.

La falta de celeridad, aseguran, vulnera el interés superior del niño y perpetúa ciclos de violencia económica.

La abogada Karen Aiub decidió alzar la voz para visibilizar una problemática que afecta a cientos de familias en la provincia del Chaco: la ineficacia y el retardo procesal en los Juzgados de Familia.

Su experiencia personal, que comenzó en abril de 2022 en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1, se transformó en un caso testigo de cómo el sistema puede convertirse en un obstáculo para la protección de los derechos de los menores de edad.

Tras una audiencia fijada con una espera inicial de siete meses, la causa fue trasladada al Juzgado de Familia N° 5 por motivos ajenos y extraños a su voluntad.

A partir de allí, el proceso se sumergió en un laberinto de burocracia y tácticas procesales dilatorias.

Según relata la profesional, una vez dictada la sentencia que establecía el aumento de la cuota alimentaria, el demandado inició una batería de escritos recurrentes que incluyeron la amenaza de retirar al menor de la institución educativa privada, el reclamo de reintegros de sumas ya abonadas, impugnaciones y apelaciones constantes.

Este escenario no solo generó un agotamiento profundo en lo emocional y psíquico, sino que impactó directamente en la calidad de vida del niño, quien debió ser trasladado a una escuela pública ante la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Aiub enfatiza que, al ostentar el cuidado unilateral del menor, su dedicación al cuidado personal es constante y absoluta, lo que agrava la desprotección cuando la Justicia no actúa a tiempo.

La abogada categoriza esta situación como una forma de violencia institucional y patrimonial. En cuanto a la primera, señala que el retardo por parte de magistrados y funcionarios del Estado constituye una vulneración directa a las normas vigentes, recordando que todo juez tiene la obligación legal de imprimir celeridad al proceso bajo el principio del interés superior del niño.

Por su parte, la violencia patrimonial se manifiesta a través del uso malicioso del dinero como herramienta de daño; los obligados utilizan las demoras judiciales para descapitalizar a la contraparte, privando a los niños de los recursos necesarios para su subsistencia diaria.

La denuncia de Aiub expone una realidad preocupante en el fuero de familia chaqueño. La recurrencia de estas tácticas dilatorias, lejos de ser casos aislados, se presentan como una metodología que termina afectando el patrimonio de las madres y, fundamentalmente, el desarrollo y bienestar de los menores involucrados.

La falta de una respuesta rápida y eficaz por parte del Poder Judicial, concluyen especialistas en la materia, termina convirtiendo al proceso judicial en una herramienta de revictimización en lugar de ser un refugio de justicia.