La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a varios de sus responsables por el presunto empleo de «facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones». 

El mismo organismo, que encabeza Mercedes Marcó del Pont, dio a conocer la información a través de un comunicado .

La denuncia por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales fue presentada ayer viernes 21 de agosto ante el Juzgado Federal de Reconquista.

“El Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas”, se destaca en el escrito.  La AFIP calcula que el perjuicio estimado al Estado supera los 110 millones de pesos. 

La supuesta maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la entidad sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre los años 2016 y 2019. 

La AFIP calcula que el perjuicio estimado al Estado supera los 110 millones de pesos

Según el organismo, la cerealera llevaba a cabo una maniobra que consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. LA AFIP pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.

“La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019”, se indicó. 

La deuda por impuestos de Vicentin llega a los $ 9.500 millones.

“De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real. Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos”, se especificó. El organismo sostuvo que la empresa y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero “omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”.

La denuncia se da luego de que el Gobierno quisiera enviar al Congreso un proyecto para la expropiación de la empresa agroexportadora. A mediados de junio, la Casa Rosada frenó esta decisión y aceptó recurrir a una iniciativa que realizó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para acceder a la administración de la empresa con un planteo judicial a través del proceso de convocatoria de acreedores que afronta la compañía.