El aumento del tributo se aplicó «con el fin de lograr un mayor equilibrio fiscal mediante la redistribución de la carga tributaria, generando recursos de carácter genuino que resultan ser necesarios para el financiamiento de las erogaciones públicas», indica el decreto.

 Este incremento ocurre luego de que a fines del año pasado el Gobierno negoció con la oposición aumentar los impuestos que paga el juego para costear los cambios en Ganancias para favorecer a los trabajadores.

Así, el Ejecutivo busca recaudar unos $ 6.000 millones para compensar sus arcas.

 La ley 27.346 estableció en todo el territorio nacional un impuesto a la realización de apuestas mediante máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) habilitadas o autorizadas sobre el expendio, entendiéndose por tal el valor de cada apuesta cualquiera sea el medio en que se lleve a cabo (fichas, monedas, billetes, entre otros).

 La normativa estipuló que la alícuota aplicable era del 0,75% sobre la base imponible respectiva, equivalente al valor de cada apuesta, pero facultó al Poder Ejecutivo a aumentar hasta en un 50% el gravamen en cuestión, disminuirlo o dejarlo sin efecto transitoriamente, teniendo en cuenta entre otros parámetros el tipo de actividad y la zona geográfica.