Pocos días después de anunciar que las jubilaciones de abril recibirían un «incremento extraordinario del 12,5 por ciento más un aumento del 13,24 por ciento correspondiente a la inflación de febrero», y a 48 horas de publicar el DNU, ayer, a través de Anses, el gobierno informó que pagará en cuotas los haberes de dicho mes.

Y no sólo postergará el pago del aumento, sino también el bono de 70 mil pesos que cobran cada mes los jubilados de haber mínimo. Es decir, que en el calendario ya informado para abril, que fija las fechas de cobro a partir del día 10, los jubilados de la mínima solamente cobrarán 171.283,31 pesos.

El bono y los adicionales los recibirán en una fecha posterior, aún incierta.

Esos dos pagos extra del 12,5 y 13,24 por ciento que puso sobre la mesa el gobierno la semana pasada, a través de un decreto que luego debió ser modificado porque se tropezaba con su propia letra, fue la forma en que pretendió encontrar un atajo de salida a la fórmula de movilidad jubilatoria, y a su vez eludir una compensación por los dos meses de megainflación (diciembre y enero) que Javier Milei disparó con la devaluación de diciembre y los anuncios de desregulación de precios de bienes y servicios, desde los alimentos hasta la salud.

El 25,5 por ciento de inflación de diciembre y el 20,6 por ciento de enero provocaron una fabulosa licuación (reducción del poder de compra) de las jubilaciones, que todos los análisis coinciden en que fue el factor determinante para que Luis Caputo (ministro de Economía) pudiera mostrar en enero las cuentas públicas con un aparente superávit primario (más ingresos que gastos). 

Producido el efecto buscado, el gobierno intentó escapar de esa responsabilidad prometiendo pasar a un régimen de ajuste mensual por inflación de los haberes jubilatorios (ya pasado el shock inflacionario provocado entre diciembre y enero) ofrendando, además, un aumento «adicional compensatorio» del 13,5 por ciento con las remuneraciones previsionales de abril.

Muy por debajo de la inflación acumulada en sus dos primeros meses (51,3 por ciento), Milei otorgó una ofrenda que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Pero eso no era todo. Ahora resulta que esos «refuerzos» a los jubilados ni siquiera llegarán junto con el cobro normal de los haberes, sino que vendrán en una segunda cuota postergada, en fecha a determinar, incluyendo también el bono que, mes a mes, los beneficiarios cobraban junto a la jubilación.

En rigor, esta marcha y contramarcha, anunciando pagos adicionales que otro anuncio posterior advierte que no sabe cuándo se van a pagar, comienza a ser una práctica recurrente del gobierno: larga los anuncios antes de saber cómo implementarlos.

“La reciente modificación de la movilidad y sus consecuentes adelantos, generará un desdoblamiento del pago prestacional, a fin de no demorar el acceso de los beneficiarios a sus haberes”, señaló la Anses en un comunicado.

“En consecuencia, habrá una primera liquidación (equivalente a la) correspondiente al haber de marzo 2024 y una segunda liquidación, dentro del mismo mes de abril, correspondiente al aumento por movilidad previsional y al refuerzo previsional de 70 mil pesos”, agregó.

La nueva modalidad jubilatoria fue decidida por decreto de necesidad y urgencia, aunque recién se pondría en vigencia en junio y el Congreso se encuentra en plena actividad ordinaria. Encima, el nuevo paso en falso tiene lugar en una semana caliente para la administración pública. Los despidos indiscriminados en la Anses provocaron zozobra en ese ámbito, como en otros oficinas estatales, que impactaron de distintas formas en los jubilados. 

Los funcionarios del Ejecutivo, incluído el presidente, revolean en público cifras de despidos (70 mil dijo Milei, 15 o 20 mil corrigieron funcionarios cercanos) de forma absolutamente irresponsable, en el inicio de un fin de semana  plagado de rumores de cierres o clausura de ingresos para el personal de diferentes espacios públicos. En paralelo, el desgobierno libertario tomó una vez más de víctimas a los jubilados