Un grupo de abogados de la Segunda Circunscripción Judicial emitieron un comunicado de prensa dando a conocer su postura por lo ocurrido ayer en los tribunales de Sáenz Peña, tras el allanamiento a las Oficinas del Defensor Oficial N° 2
El comunicado que lleva la firma de los abogados Marta Brugnoli, Oscar Olivieri, Ruben Billa, Gabriel Pavese, Héctor Hugo Cramazzi, Miguel Mijaluk y Leandro Arrudi señala textualmente que:
“El 14 de noviembre hemos sido sorprendidos por una medida judicial impensada en un sistema de Estado de Derecho y vigencia de las autonomías provinciales garantiza por la Constitución Nacional. La jueza federal de San Isidro Dra Arroyo Salgado ordeno el allanamiento de las oficinas de la Defensoría Oficial N° 2 y el cercado de todo el edificio de Tribunales, llenado de gendarmes todo el edifico de tribunales, las calles y veredas impidiendo el acceso a abogados y justiciables a los Juzgados. La presencia de una fuerza militar que con un despliegue exagerada de efectivos hacían pensar en el desarrollo de un conflicto armado de enormes dimensiones, siendo que se trataba de revisar una oficina que tiene no mas de siete metros cuadrados. Pero no solo resulta indignante el despliegue militar avasallador, sino la violación de los principios fundamentales del Estado de Derecho, cuando se despoja a las provincias de su derecho de Autonomía e inviolabilidad de su territorio. Que una jueza federal disponga el allanamiento de la oficina de un magistrado o funcionario del Poder Judicial del Chaco , es un hecho significativamente grave. La memoria nos lleva a pensar en la reedición de las oscuras noches de la Dictadura Militar . aunque no recodamos que en esa época los militares aun con la suma del poder hubieran cometido semejante tropelía”.
Asimismo, los abogados que se nuclean en “Abogados por una Justicia Independiente” de la Segunda Circunscripción exigen del Superior Tribunal de Justicia y la Procuraduría de la Provincia sostuvieron que se formulen las denuncias correspondientes por este avasallamiento institucional.
También piden al Poder Ejecutivo para que en presentación del pueblo de la Provincia del Chaco plantee la denuncia ante el Consejo de la Magistratura por la comisión de los delitos que esta medida judicial ha generado.
