La investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña escaló este martes con una serie de allanamientos simultáneos. Por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) junto a la Fiscalía Federal intervinieron la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco, el municipio saenzpeñense y dependencias en la localidad de Charata.

El origen de la sospecha: Instrumentos de riesgo

La causa se inició tras una denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien alertó sobre la colocación de recursos municipales en instrumentos financieros de alto riesgo y no garantizados. Según la acusación, el municipio habría modificado su perfil de inversor para habilitar estas operaciones sin contar con una partida presupuestaria específica ni la autorización por ordenanza correspondiente.

La Justicia tiene bajo la lupa al intendente Bruno Cipolini, a la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y al secretario de Gobierno Diego Landriscina. Los posibles delitos investigados incluyen:

• Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Malversación de caudales públicos.
• Peculado.

Incidente en el peaje y secuestro de dispositivos

En un hecho cinematográfico vinculado a la causa, el gerente general de la Bolsa del Chaco, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje mientras se dirigía a declarar como testigo ante la justicia provincial. Por orden judicial, se procedió al secuestro de su teléfono celular. Desde su defensa aclararon que no hubo detención y que el directivo colaboró entregando el dispositivo para el peritaje de comunicaciones.

Embargo millonario y resguardo de los fondos

En el frente civil, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar que ordenó el embargo preventivo de $1.890.691.105,07.

• Depósito Judicial: La Bolsa de Comercio del Chaco confirmó que ya transfirió dicha suma a una cuenta judicial para garantizar la integridad del patrimonio público.
• Intereses: El fallo prevé que, en caso de restitución, se deberán computar los intereses correspondientes para proteger el valor de los recursos municipales.

Desde la Municipalidad de Sáenz Peña afirmaron que continuarán con las acciones legales hasta lograr el recupero total de los fondos, mientras la Justicia Federal avanza en determinar las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.