El dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Barranqueras (STMB), Daniel Fernández, aseguró que fueron desalojados por las fuerzas policiales y por lo tanto debieron continuar en la vereda con la protesta para solicitar mejores salarios.
Nos desalojaron a la vereda de la comuna pero es un reclamo que se tiene que escuchar”, aseguró Fernández .
“Hace 25 días que pedimos audiencia a la intendenta y mandamos una nota con un pedido aumento de sueldo del 30 por ciento en el primer semestre. Además queremos que cese la persecución y se otorguen las bonificaciones. La respuesta que dio es arbitraria”, destacó.
La precariedad de los jornalizados es tal que trabajan por 8 horas pero sólo cobran por 6 horas”, denunció el dirigente. Que lamentó la respuesta que dio la intendenta de Barranqueras, Alicia Azula.
En tanto, Azula respondió que ayer cerca de las 7 uno de los tres sindicatos que representa al personal tomó la sede comunal e impidió que el personal pueda ingresar para realizar las tareas cotidianas.
Aseguró que fueron desalojados por orden judicial pero en principio no hubo detenidos. Ella confirmó que el sindicato estaba reclamando un incremento salarial.
Y respondió que “antes de hablar de un incremento salarial necesita que los concejales analicen mejor la ordenanza tarifaria e impositiva que se aprobó sin ningún incremento”.
La intendenta mencionó que casi todas las comunas de primera o segunda categoría aumentaron entre un 30 y 40 por ciento lo que cobran a los vecinos pero en el caso de Barranqueras, por decisión de los ediles, no habrá variación en las tarifas.
Esta ordenanza impide que hoy la comuna pueda avanzar en una actualización más allá de que hay voluntad para responder a los trabajadores tal como viene ocurriendo en los últimos años en la comuna.
También mencionó que llama la atención que el reclamo se adelante tanto tomando cuenta que siempre comienzan a dialogar en la primera quincena de marzo, dado que no se puede realizar una proyección en febrero.
Finalmente resaltó que está vigente una norma de Responsabilidad Fiscal que les impide dar aumentos como pretende este sindicato, por lo que consideró que la protesta no tiene una explicación lógica y es arbitraria.
