El ex ministro de Planificación Julio De Vido quedó envuelto en una nueva causa penal a raíz de la fallida construcción de un hospital en la provincia del Chaco, que fue totalmente pagado pero la obra está paralizada e inconclusa desde hace 14 meses.

Se trata del Hospital «Jorge Vázquez», en la localidad de Tres Isletas, «obra financiada mediante el Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) a través del Ministerio de Planificación Federal», con un presupuesto total de 2.837.493,87 pesos, cuya construcción se inició el 1 de julio de 2013 y tenía un plazo de ejecución de 12 meses.

La obra estaba a cargo de la empresa «Iuliano Construcciones», pero se encuentra «paralizada desde el 10 de diciembre de 2015», a raíz de «la provisión irregular de materiales y partes fundamentales para el avance de la obra, inclemencias climáticas y falta de fluidez en los pagos de los certificados», según consta en la denuncia.

«La empresa adjudicataria ha recibido pagos consecutivos desde 2013 a 2016 por la suma de 12.355.362,66, y sin embargo la obra dista de estar terminada y con el mobiliario colocado», no obstante lo cual «surge de la evacuación de informe realizado por la Inspección de Obra del Poder Ejecutivo, que ésta presenta un avance del 90,75%, porcentaje que no se convalida con la realidad».

La denuncia fue realizada por los legisladores provinciales de la UCR Ana María Griselda Canata y Livio Edgardo Gutiérrez y recayó inicialmente en el juzgado federal de Roque Sáenz Peña, pero el juez local Aldo Mario Alurralde se declaró incompetente y la Cámara Federal de Resistencia avaló esa decisión.

La causa pasó así a tramitar ante el juzgado federal de la Capital Federal número 8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

 De Vido fue denunciado por «defraudación en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública».

El tribunal consideró que las causas por corrupción en la función pública contra De Vido deben tramitar en el juzgado porteño porque «la acumulación se justifica con el fin de evitar sentencias contradictorias».

«En tales condiciones la prórroga de la competencia por conexidad atiende a una razón práctica, cual es la necesidad de hacer posible la acumulación de causas cuando su vinculación debe producir unificación procesal. La reunión de todas las actuaciones en un mismo proceso y en un único debate procura evitar pronunciamientos contradictorios», resumió el fallo.