Así lo decidió por unanimidad el Concejo Municipal de esa localidad minutos antes de la medianoche del miércoles pasado.
Entre los fundamentos de esta decisión, los concejales afirmaron que Néstor Amarilla incumplió funciones inherentes a su cargo, se ausentó sin avisar al Concejo y tiene “inhabilidad física y moral” para cumplir con sus obligaciones.
Con la firma de los concejales, Javier Fariña (UCR), Raúl Pereyra (PJ) y Rosalía Rojas (UCR), el Concejo Municipal de Miraflores destituyó al intendente, Néstor Amarilla (UCR).
Fue tras una pueblada encabezada por comunidades originarias quienes salieron a cuestionar duramente a todas las autoridades del pueblo tras el femicidio de la joven wichí, María Moreira.
La ordenanza fue firmada el miércoles a las 23.53. En la misma se indica que la misma surgió tras las notas recibidas por parte de comunidades indígenas, integrantes de ATE y miembros de otras instituciones en donde solicitaron la destitución del intendente.
Además, indicaron que ante esto “se llamó al diálogo al intendente en horas de la mañana” pero Amarilla respondió presentando una licencia por el término de 20 días.
Los concejales indicaron en este sentido que “los referentes, representantes y delegados normalizadores de diferentes agrupaciones (sic) no aceptan los términos de la licencia” y explicaron que el pedido de destitución elevado por estas personas “se funda en incumplimiento de las funciones inherentes al cargo, inhabilidad física y moral, y ausencia de autoridades municipales en sus lugares de trabajo sin previo aviso al Concejo Deliberante Municipal”.
Sólo con esto, el Concejo decidió destituir del cargo a Amarilla y designar en su lugar al presidente del Concejo, Javier Fariña.
Pueblada
Cabe recordar que esta decisión tuvo su origen en una movilización que se realizó durante la mañana del miércoles para pedir justicia por el femicidio de María Magdalena Moreyra, ocurrida el 12 de agosto y que derivó en un fuerte cuestionamiento a las autoridades del pueblo en la que se exigió la renuncia de autoridades policiales, municipales y judiciales.
La destitución del jefe comunal fue solicitada mediante una nota en la que se cuestionó también “el estado de abandono” del municipio con más de dos meses de sueldos atrasados a sus empleados y la “falta de prestaciones de servicios esenciales”.
También pidieron echar al comisario del pueblo, de apellido López, al fiscal Hugo Obregón, la intervención del Juzgado de Paz y la suspensión de las elecciones municipales.
