Este fin de semana, vpnMentor halló en una nube sin seguridades los nombres y datos financieros y civiles de 17 millones de ecuatorianos, incluidos 6,7 millones de niños. La vulneración alcanza a prácticamente a toda la población ya que el último censo -realizado en 2019- detalla que hay 17.300.000 habitantes.
«Es muy grave la información que hemos recibido en las últimas horas», afirmó la ministra en la que es la primera reacción del Gobierno a informaciones sobre que los datos personales y financieros de los ecuatorianos habrían quedado expuestos.
En una rueda de prensa, Romo confirmó que el Gobierno ecuatoriano ha abierto «desde primeras horas de la mañana» una investigación para «levantar toda la información» y «descubrir qué ha sucedido y quiénes son los responsables».
«No me gustaría ir más allá mientras la investigación está en marcha. Varios equipos están desarrollando la investigación en este momento y además tratando de identificar a quiénes serían los responsables de esta filtración«, agregó.
La empresa israelí de seguridad informática vpnMentor confirmó este lunes a Efe, en Israel, que la filtración contiene información confidencial. La vulneración incluiría una gran cantidad de datos sensibles sobre la situación financiera, los salarios percibidos, los puestos de trabajo e incluso las relaciones familiares de muchos ciudadanos, lo que les podría exponer a ciberataques, espionaje o robos de dinero por parte de piratas informáticos.
Romo recordó que la seguridad informática del país está «sobre la mesa» desde hace meses, en alusión a los millones de ataques sufridos cuando el Gobierno de Quito anuló el asilo al fundador de Wikileaks Julian Assange, el 11 de abril. «A pesar de la magnitud, es un tema que hemos venido tratando estos últimos meses y hablando de la necesidad de ciberseguridad, de sancionar los delitos cibernéticos», recordó la ministra.
Precisamente el Gobierno presentó un proyecto de ley a la Asamblea para avanzar en este campo, y ha solicitado la ayuda de varios países, entre ellos Israel, para combatir su vulnerabilidad.
«Cuando hemos hablado de estos delitos, del acceso ilegal a servidores, tal vez no le hemos dado la suficiente importancia», se lamentó Romo, quien también recordó las «duras críticas» contra su Gobierno «por poner el tema sobre la mesa e investigar a personas que creemos se dedican a estas» actividades.
Se refería a la detención el 11 de abril del informático sueco Ola Bini, amigo de Assange y bajo las sospechas de acceso no autorizado a organismos oficiales, cuyo caso sigue en los tribunales.
