A pocas horas para que se cumpla el plazo otorgado por el gobierno español al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que confirme si ha declarado o no la independencia, desde el gobierno de Mariano Rajoy advierten que aplicarán el artículo 155 y sustituirá el Govern (el gobierno catalán).
El catalán tiene como plazo hasta este lunes a las 10 para responder al requerimiento del Ejecutivo y explicar si declaró o no la independencia el pasado martes ante el Parlament. En tanto, el jueves es el día límite para que restaure la legalidad en Cataluña.
Algunas versiones periodísticas aseguran que Puigdemont responderá a Rajoy con un paquete de exigencias y sin aclarar de manera definitiva si declaró o no la independencia la semana pasada.
Según El Confidencial, el catalán exigirá una mediación y solicitará reunirse con Rajoy para avanzar en una interlocución de igual a igual. Incluso se menciona a la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, como una posible mediadora. Hidalgo es hija de españoles y habla perfecto castellano.
Trascendió que Puigdemont hará dos tipos de peticiones: Exigir la retirada de las fuerzas policiales desplegadas el 1 de octubre para frenar el referéndum. Y también pedirá que se paralicen las actuaciones judiciales sobre el líder de los Mossos, la policía catalana, Josep Trapero, que no quiso impedir la consulta.
Puigdemont participó este domingo en el cementerio de Montjuïc de Barcelona de un nuevo aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, el ex presidente de la Generalitat. Allí, evitó detalles sobre su respuesta a Rajoy aunque aseguró que «hay que responder con valores democráticos a las imposiciones y las agresiones».
Rememorar la gesta de Companys fue todo un mensaje de Puigdemont hacia el pueblo español. Es que el líder catalán proclamó en octubre de 1934 la independencia de Cataluña y por eso fue torturado y asesinado por el dictador Francisco Franco.
El artículo 155 de la Constitución faculta a Rajoy a tomar el control de las instituciones de autogobierno de Cataluña. Esa norma -copiada textualmente de la Constitución alemana, permaneció sin utilizarse 40 años. Los medios españoles recuerdan que sólo Felipe González la aplicó sobre el gobierno de las Islas Canarias por desobedecer normas fiscales europeas. Sin embargo, las autoridades obedecieron al instante.
Según fuentes del Tribunal Constitucional que cita el diario El Mundo, «el artículo 155 es la bomba atómica, está ahí como amenaza, pero a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza que hubiera que aplicarlo».
Por estas horas, en el gobierno español no esparan una respuesta concreta por parte de Puigdemond. Por eso, dejaron trascender a la prensa una hoja de ruta con dos opciones: un Gobierno de concentración con políticos de todos los partidos. O uno gobierno de gestión con técnicos del Estado. Cualquiera de los dos caminos terminan en una convocaría a elecciones en Cataluña en un plazo de 3 a 6 meses.
En tanto, la Generalitat sorprendió hoy al asegurar en un documento interno que una declaración de independencia no implicaría una Cataluña independiente.
El texto es una misiva que la Conselleria de Economía envió a las delegaciones del Govern en el exterior para tranquilizar ante la fuga de empresas y en la que asegura que «una declaración de independencia no implica inmediatamente la creación de una Cataluña independiente ni su continuidad o exclusión de la Unión Europea».
Este es uno de los argumentos que el Govern esgrime para asegurar que «en el periodo de transición» los depósitos de todos los bancos con domicilio fiscal en Cataluña estarán cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español, que cuenta con una garantía europea que los garantiza en su totalidad hasta 100.000 euros por depositante y entidad financiera.
