El gobierno de China estaría operando decenas de «centros de servicios de policía» ilegales y secretas en Argentina y otros 50 países, bases que pueden ser disfrazadas de restaurantes, inmobiliarias y otros comercios, según afirma un organismo de control de las libertades civiles en un informe.
El informe de la ONG de derechos humanos Safeguard Defenders advirtió que China estaba operando al menos 54 «centros de servicios policiales en el extranjero» no declarados como parte de una red global para obligar a los disidentes del régimen de Xi Jinping a regresar a Beijing.
“Su verdadero propósito, sin embargo, es un medio para que el Partido Comunista Chino (PCCh) tome la ley en sus propias manos, sin importar la jurisdicción, y para, en sus propias palabras, ‘tomar medidas enérgicas contra diversas actividades ilegales y criminales que involucran a personas chinas en el extranjero”, dice el informe.
«Estas operaciones evitan la cooperación policial y judicial bilateral oficial y violan el estado de derecho internacional, y pueden violar la integridad territorial de terceros países involucrados en el establecimiento de un mecanismo policial paralelo utilizando métodos ilegales», dijo el informe.
Laura Harth, directora de campaña del grupo, dijo a The Associated Press que «uno de los objetivos de estas campañas, ya que es reprimir la disidencia, es silenciar a la gente». «Entonces la gente tiene miedo. Las personas que están siendo atacadas, que tienen familiares en China, tienen miedo de hablar».
Los investigadores de Safeguard Defenders describieron la existencia de posibles sitios en las principales ciudades del mundo luego de que las oficinas de seguridad chinas en Fuzhou y Qingtian hicieran públicas sus direcciones.
Safeguard Defenders afirmó que estas estaciones son probablemente una «fachada» que los funcionarios chinos usan para reprimir a sus críticos en el extranjero mientras administraban las solicitudes administrativas y presionaban a los disidentes para que regresaran.
En principio, el régimen chino rechazó las afirmaciones de que se trataba de estaciones de policía secretas e insistió en que los puestos de avanzada se utilizaron para disuadir el «fraude transnacional» y brindar servicios diplomáticos a los ciudadanos chinos que viven en el extranjero.
Tras la publicación de la investigación, el 9 de octubre el periódico español El Correo publicó una explicación de las autoridades chinas, diciendo de que las operaciones policiales ilegales se están utilizando para “convencer” a presuntos delincuentes de que regresen a China para enfrentar la justicia.
El funcionario anónimo del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo al periódico: «Los tratados bilaterales son muy engorrosos y Europa es reacia a extraditar a China. No veo qué tiene de malo presionar a los criminales a enfrentar la justicia…”
Estas comisarías ilegales se presentan como ventanillas únicas para los chinos en el extranjero, que ofrecen asesoramiento legal, procesamiento de documentos y ‘líneas directas’ a la policía en China.
Europa tiene la mayor concentración de centros policiales no declarados del mundo.
Varios gobiernos occidentales ya reaccionaron a los informes y comenzaron investigaciones en ciudades como Londres, Glasgow, Nueva York, Ottawa, Dublin, Madrid, Amsterdam, Rotterdam y Sidney.
En América del Sur, estas bases ilegales estarían en Buenos Aires, Viña del Mar, San Pablo, Río de Janeiro, Guayaquil y Quito.
Según el informe, la “comisaría” ilegal establecida en la capital argentina sería administrada por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Fuzhou (provincia de Fujian) y es parte de la red denominada “110 estaciones de servicio en el extranjero”, en referencia al número de emergencia de la policía china e inspiran el título de esta investigación.
PERFIL intentó obtener comentarios de Cancillería, del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires pero no obtuvo respuestas.
Según el informe, entre abril de 2021 y julio de 2022, la policía china establecida en el extranjero “persuadió” a 230.000 presuntos fugitivos para que regresaran al país “voluntariamente”, aunque las autoridades chinas admitieron que no todos los objetivos habían cometido un delito.
Esa policía secreta estableció 9 países “prohibidos”, donde a los ciudadanos chinos ya no se les permite vivir a menos que tengan una “buena razón”.
Si bien no hay un desglose oficial de dónde fueron devueltas las 230.000 personas, la mayoría parece provenir de los nueve países «prohibidos», destacándose Myanmar con 54.000 devueltas entre enero y septiembre de 2021.
Para “convencer” a los disidentes de regresar a China, la policía secreta china utiliza herramientas de «persuasión», como la prohibición de que los hijos salgan del país y otras limitaciones a los miembros de la familia, castigando a aquellos sin sospecha de ningún delito con «culpabilidad por asociación».
Varios países ya investigan «centros de policía» ilegales chinos en su territorio
Este 26 de octubre la cancillería de los Países Bajos indicó que está investigando los informes según los cuales China habría puesto en pie dos «centros policiales ilegales» en su territorio.
«Los ministros de Justicia y Seguridad y de Relaciones Exteriores tomaron nota del informe de Safeguard Defenders y toman en serio su contenido», dijo Maxime Hovenkamp, portavoz de la cancillería.
«El ministerio de Relaciones Exteriores está investigando actualmente las actividades de los llamados centros de policía. Cuando tengamos más claridad al respecto, se tomarán las medidas oportunas”, agregó.
La investigación se abrió después de que los medios publicaran el informe, según el cual China abrió dos oficinas, una en Ámsterdam y otra en Róterdam, para supuestamente ofrecer asistencia diplomática a ciudadanos chinos, sin informar al gobierno neerlandés.
Citando a un disidente chino que vive en los Países Bajos, la cadena de televisión RTL y el sitio web de investigación Follow the Money asegura que estas «comisarías de policía» son en realidad utilizadas para silenciar a los opositores políticos.
Este mismo 26 de octubre la policía federal canadiense dijo que está investigando los informes de que China estableció los puestos policiales en una casa residencial, un edificio comercial de una sola planta y una tienda de conveniencia en el área de Toronto.
La Real Policía Montada de Canadá dijo que estaba «investigando informes de actividad delictiva en relación con las llamadas comisarías». «La RCMP toma muy en serio las amenazas a la seguridad de las personas que viven en Canadá y es consciente de que los estados extranjeros pueden tratar de intimidar o dañar a las comunidades o personas dentro de Canadá», agregó.
Mientras tanto, la emisora pública de Canadá CBC dijo que un periodista y activista de derechos que se mudó a Canadá desde China en 1989 afirmó haber sido atacado repetidamente por funcionarios chinos por videollamada.
«Ahora la estación de policía china (está) aquí, a solo unos kilómetros de mí, así que me pregunto a dónde más puedo escapar», dijo el activista Sheng Xue.
La embajada de China en Ottawa dijo que estas oficinas están atendidas por «voluntarios locales, y no policías chinos», que ayudan con los exámenes de la vista para la renovación de su licencia de conducir, por ejemplo. “No están involucrados en ninguna investigación criminal o actividad relevante”, dijo en un comunicado.
La cancillería china rechazó las acusaciones y dijo que estos «puestos de servicios» estaban destinados a ayudar a los ciudadanos chinos a, por ejemplo, renovar sus permisos de conducir.
Alegan que el 2 de septiembre de 2022, se adoptó una ‘Ley nacional contra el fraude en Internet y de telecomunicaciones’, que establece un reclamo de jurisdicción extraterritorial sobre todos los ciudadanos chinos en todo el mundo acusados de fraude.
El Estado chino, una máquina de vigilancia bajo el mando de Xi Jinping
Las autoridades chinas han adoptado desde hace tiempo un enfoque autoritario del control social. Pero al llegar el presidente Xi Jinping al poder en 2012, comenzó a frenar las corrientes sociales relativamente libres de la época, utilizando una combinación de tecnología, leyes e ideología para reprimir la disidencia y adelantarse a las amenazas a su gobierno.
Aunque se presentan como acciones dirigidas a criminales y la protección del orden, los controles sociales se han usado contra disidentes, activistas y minorías religiosas, así como personas ordinarias. «Estamos vigilados todo el tiempo«, comentó un activista ambiental que pidió no ser identificado.
La firma de investigación Comparitech calcula que una ciudad promedio de China tiene 370 cámaras de seguridad por cada 1.000 personas, lo que las convierte en los sitios más vigilados del mundo. En comparación, Londres tiene 13 por cada 1.000 habitantes y Singapur 18. El proyecto nacional de vigilancia «Skynet» se ha expandido, con cámaras capaces de reconocer rostros, ropa y edad.
El control del Partido Comunista es más duro en la región occidental de Xinjiang, donde el reconocimiento facial y la recolección de ADN se han empleado en especial con las minorías musulmanas por motivos de antiterrorismo, según las autoridades. Y la pandemia reforzó el sistema de vigilancia, con personas rastreadas por una aplicación en sus teléfonos que determina dónde pueden ir según un código de colores verde, amarillo y rojo.
Las regulaciones vigentes desde 2012 cerraron los portillos que permitían comprar tarjetas SIM sin facilitar el nombre, e impusieron una identificación gubernamental para tomar casi cualquier forma de transporte.
En internet tampoco hay respiro, ya que incluso las aplicaciones de pago requieren registrarse con un número de teléfono vinculado a un documento de identidad. Gracias a un sistema de verificación de nombres y a la cooperación entre policías y plataformas de redes sociales, muchos fueron castigados por ofensas en internet.
