La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado como imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación a Carles Puigdemont y todo el antiguo Gobierno catalán para declarar los próximos jueves y viernes 2 y 3 de noviembre. La magistrada admite a trámite la querella presentada el lunes por la Fiscalía General del Estado, y acumula la investigación a la causa ya abierta contra el mayor de los Mossos d’Esquadra (policia de Cataluña), Josep Lluís Trapero.

La juez, quien envió a prisión a los líderes de la ANC y Òmnium para que no se fuguen por un delito de sedición, también les exige a todos, y de forma solidaria, una fianza de 6,2 millones de euros. Si no la depositan en un plazo de tres días, sus bienes serán embargados. Esta cantidad busca cubrir una posible responsabilidad civil si son condenados en una sentencia de un futuro juicio.

En su auto, la magistrada explica que los catorce imputados llevaron a cabo un proceso para proclamar la independencia de una parte de España, la comunidad autónoma de Cataluña, por las vías ilegales, según el relato de la Fiscalía General, que les acusa a los líderes independentistas de «dinamitar los cimientos del Estado de Derecho».

Investigar esta conducta, alega la juez, es competencia de la Audiencia Nacional, porque se trata de un atentado contra la forma de Gobierno de España, según el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Juicial, que fija las competencias del tribunal.

Tras los interrogatorios, para lo que los antiguos gobernantes catalanes están citados tanto el próximo jueves como el próximo viernes a las 9 horas, se celebrará una vistilla en la que la Fiscalía podrá solicitar medidas cautelares para asegurar la disponibilidad de los investigados en el proceso.

El Ministerio Público podría pedir el ingreso en prisión preventiva de Puigdemont y su equipo, una decisión que dependería de la juez del caso. Lamela podría acordarla si lo considera necesario para evitar que los imputados se fugen, destruyan pruebas o que continuen reiterando en los delitos.

Los citados a declarar son, aparte de Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret. Siete de ellos se encuentran en Bruselas, adonde han viajado según ellos para colocar la cuestión catalana en el corazón de Europa e internacionalizar el proceso.

La magistrada asegura que la Fiscalía argumenta la existencia del requisito de violencia que exige el tipo de rebelión «de manera seria, racional y lógica». Lamela alega que, en este momento inicial, no se puede descartar que el plan secesionista constituya este delito, castigado con hasta veintinco años de prisión si se comete sin armas. La rebelión, en el caso de existir, absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación, dice.

La causa de Trapero

La juez Lamela justifica la competencia de la Audiencia Nacional porque el objetivo del plan secesionista era empujar hacia la independencia por vías ilegales, lo que supone un atentado contra la forma de Gobierno, una materia que corresponde investigar a este tribunal. La magistrada cita jurisprudencia y acude al artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye los hechos que por su materia son competencia de la Audiencia Nacional.

Esta causa se incorpora a la investigación en marcha por sedición contra el que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Lamela explica esta decisión en que las personas investigadas en este caso (Trapero, la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana y «los Jordis») forman parte de las estructuras básicas integradas en la estrategia secesionista, diseñada y ejecutada por los querellados, Puigdemont, Junqueras y los 13 exconsejeros.