La ONU hizo un pronunciamiento sobre la represión del gobierno de Jujuy ante las protestas contra la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales. El representante en América del Sur del organismo internacional, Jan Jarab, aseguró en un comunicado que «hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales».
El texto sostiene que «la Oficina ha recibido denuncias de uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, resultando en decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza. También recabó antecedentes sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, así como sobre obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos».
«Según reportes, además, particulares han desarrollado acciones violentas e irrumpieron en instalaciones de la legislatura provincial», agrega.
«Las autoridades, provinciales y nacionales, deben investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy. Pero también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos», instó Jarab.
Sobre la reforma constitucional, la ONU afirmó que «presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica» y pidió respetar los estándares contemplados en el Comité de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Reunión Pacífica.
«El proceso de reforma constitucional en Jujuy careció de una participación significativa y suficiente de todas las partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas. Al respecto, el Representante recordó que «el ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial», concluye.
La reforma constitucional, la ONU afirmó que «presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica
Santiago Cafiero, que se reunió el martes en Nueva York con el Secretario General de la ONU Antonio Guterres, se hizo eco de la noticia y al compartir el comunicado tuiteó: «Morales, basta de reprimir y mentir».
Cristina fue más extensa y escribió: «Ayer fue la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, es el mundo a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en una carta dirigida a usted Gobernador Morales. ¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?».
«Hágase cargo y proceda como se lo pide el representante del Alto Comisionado: «hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia.» Y sobre todo, gobernador Morales… deje de hacer el ridículo echándole la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy. Usted es el primer y gran responsable», insistió la vicepresidenta.
¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?
Ayer, la CIDH pidió «respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios».
«Se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social. La CIDH seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir», finaliza el texto del organismo internacional.
En la conferencia de prensa realizada para respaldar a Morales, Patricia Bullruch acusó a la CIDH de injerencismo y cuestionó la falta de pronunciamiento sobre Venezuela o Cuba, algo que no es cierto. Pichetto fue más allá y denunció «la mano de Zaffaroni» en la redacción del texto.
