Durante el juicio por el intento de golpe de Estado en Brasil, Mario Fernandes, un general retirado que integró el equipo cercano de Jair Bolsonaro, confesó haber redactado un plan para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento fue producido e impreso en su oficina del Palacio de Planalto. Fernandes explicó: “Es un archivo digital, no retrata nada más que un pensamiento mío que fue digitalizado; es una compilación de datos, un estudio de situación mío, un análisis de riesgos que hice y que, por costumbre propia, decidí digitalizar”.
El objetivo incluía a Alckmin y al juez Alexandre de Moraes
La iniciativa, bautizada como “Puñal Verde y Amarillo”, también consideraba eliminar al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y al juez Alexandre de Moraes, quien presidía el Tribunal Superior Electoral.
La fecha elegida para perpetrar los asesinatos era el 15 de diciembre de 2022, tres días después de la oficialización de la victoria de Lula. Inicialmente se consideró el envenenamiento, pero también se movilizaron armas de fuego y una granada.
Detectan múltiples impresiones y encuentros entre militares
La Policía Federal reveló que el documento fue impreso varias veces, algo que Fernandes atribuyó a un error técnico. El contenido fue discutido en reuniones organizadas en la residencia del general Walter Braga Netto, excompañero de fórmula de Bolsonaro.
Braga Netto proporcionó dinero oculto entre botellas de vino para pagar a quienes ejecutarían el ataque. Actualmente cumple prisión preventiva, acusado de obstrucción de la justicia.
Detenidos durante operativo de seguridad del G-20
En noviembre de 2024, Fernandes fue arrestado junto a un agente de la Policía Federal y tres militares pertenecientes al grupo de élite conocido como “kids pretos”. Todos estaban activos en el operativo de seguridad de la cumbre del G-20 en Río de Janeiro cuando fueron capturados.
Bolsonaro, bajo vigilancia judicial y acusado de cinco delitos
La confesión de Fernandes ocurrió en un tramo clave del juicio, que también involucra a funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Policía de Carreteras que implementaron bloqueos en zonas electorales favorables a Lula.
Jair Bolsonaro enfrenta cinco cargos, entre ellos intento de golpe de Estado y asociación criminal armada. La suma de las penas podría llegar a los 43 años.
Actualmente está sometido a restricciones: arresto domiciliario nocturno y los fines de semana, tobillera electrónica y prohibición de contacto con diplomáticos o investigados.
