(Redacción Rosario) La tensión entre los fueros judicial provincial y federal en Rosario ha alcanzado un punto de no retorno, desatando una crisis institucional sin precedentes que amenaza con paralizar la lucha contra el crimen organizado.

En una resolución de una dureza inusitada, el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz rechazó de forma categórica la remisión de causas por parte de la Justicia provincial, acusando a camaristas rosarinos de utilizar argumentos jurídicos perimidos hace dos décadas para sacarse de encima expedientes calientes, generando una parálisis que, según advierten, se traduce directamente en más muertes y balaceras en las calles.

El conflicto escaló a niveles críticos cuando Rodrigues Da Cruz no solo devolvió las causas a cuatro magistrados provinciales, sino que dio un paso más allá al solicitar a la Fiscalía Regional y a la Corte Suprema de Santa Fe que investiguen si la camarista Gabriela Sansó cometió delitos de acción pública al desprenderse de un expediente clave.

La magistrada había girado a la esfera federal una causa con 40 imputados vinculados a la barra brava de Newell’s y a una red de violencia extrema en Villa Gobernador Gálvez.

Para el magistrado federal, esta decisión ignora deliberadamente la Ley de Microtráfico vigente en Santa Fe y rompe los convenios de cooperación destinados a dar respuestas rápidas ante el avance del narcotráfico.

Esta batalla en los tribunales no es meramente técnica; tiene un trasfondo sangriento. El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, ya había advertido con tono alarmista que el accionar de ciertos camaristas favorece la impunidad de los delincuentes al dilatar las investigaciones. «Habrá más homicidios y balaceras», sentenció Merlo en una declaración que fue respaldada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien ve en estas trabas judiciales un sabotaje al plan de seguridad que, según cifras oficiales, logró reducir drásticamente la violencia de alta lesividad en los últimos dos años.

Desde el Ejecutivo provincial son tajantes: cada demora burocrática por conflictos de competencia es tiempo que las bandas aprovechan para reorganizarse y ejecutar nuevos ataques.

La justicia federal sostiene que magistrados como Javier Beltramone, Carolina Hernández y Bibiana Alonso también han incurrido en estas «dilaciones inútiles», forzando replanteos procesales que la jurisprudencia de la Corte Suprema ya superó hace 20 años.

En el corazón de la disputa reside la interpretación del narcomenudeo: mientras los fiscales provinciales lo ven como el motor que dinamiza las balaceras y usurpaciones en los barrios, algunos jueces de alzada parecen resistirse a asumir la competencia, enviando las causas a un fuero federal ya colapsado.

En Rosario, donde el aire se corta con la tensión de las armas, la parálisis de los despachos judiciales se percibe hoy como el preludio de una nueva ola de violencia irreparable.

Redacción Chaco Info