La investigación está a cargo de la fiscal en turno Beatriz Irala para determinar las causales del deceso del privado de la libertad que cumplía condena de siete años por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Desde el SPP se activó el protocolo para este tipo de situaciones, donde el médico en turno determinó el deceso, que en principio se presume se trata de un suicidio.

Tanto el jefe del Servicio Penitenciario Miguel Ángel Cañete como el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Néstor Florentín dispusieron “las medidas pertinentes para las actuaciones administrativas y sumariales que el caso requiriera y la plena colaboración con la representante del Ministerio Público Fiscal”, informaron desde la fuerza provincial.