E fiscal federal de primera instancia de Resistencia Patricio Sabadini no descartó la continuidad de los procedimientos durante los próximos días, en busca de más pruebas que acrediten responsabilidades en la causa que investiga a funcionarios provinciales, a familiares y socios por lavado de activos y evasión tributaria.

A la vez, confirmó el inicio de las testimoniales, las que seguirán durante varios días más.

Por la complejidad del caso, el fiscal dejó claro que no existe posibilidad de estimar los tiempos en que podría haber definiciones en la causa.

“La complejidad viene atada al apoyo que recibamos de los organismos técnicos que nos asesorarán”, señaló en declaraciones a radio Universidad. Así, reveló que durante el domingo se puso en contacto con Gonzalo Cané, asesor de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Nos brindó colaboración a través de la Unidad de Delitos Económicos de la Prefectura Naval, que es la fuerza que está trabajando en el caso”, confirmó.

Cané está al frente de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas.

En los hechos, es el operador más cercano de la ministra ante los jueces que manejan causas sensibles para su ministerio.

“Hay cuestiones que, si bien son técnicas, podemos ir interpretando. Con el informe final de Delitos Económicos podremos establecer un marco de imputación mínimo, porque sería la llave de entrada a la instrucción que tiene que hacer la jueza (Zunilda Niremperger), o bien delegarla a la Fiscalía Federal“, explicó Sabadini.

A la vez destacó el apoyo de la AFIP, que estuvo presente en todos los operativos “por el detalle de la existencia de cuestiones contables que son ajenas a los conocimientos propios de los investigadores”.

Y aclaró que en esta causa no participa Gendarmería, ya que todo comenzó con una actuación de Prefectura.

En ese orden, sobre las cinco embarcaciones, el fiscal confirmó que fueron secuestradas tres.

“Hay una cuarta que unos días antes salió de la guardería y otra que se habría vendido, en datos aportados por los oficiales de la prevención de Prefectura”, puntualizó. En tanto, recordó que está vigente la prohibición de salir del país para quienes están siendo investigados. “Es una medida cautelar que solicitamos a la jueza porque vemos que hay salidas muy fluidas de los principales responsables a Paraguay”.

Sabadini explicó que la investigación en curso es preliminar, está acotada en el tiempo y será la base para hacer un planteo ante la jueza federal de Resistencia.

“Se requiere informalmente que se investigue a determinadas personas, independientemente de que se viene avanzando con la investigación. Luego, en ese mismo escrito, podemos requerirle a la jueza que nos delegue la investigación, porque lamentablemente todavía el juez instruye la causa”, expuso.

Al respecto precisó que recién cuando la jueza llame a indagatoria, porque efectivamente la Fiscalía podrá solicitarla, quienes ahora están sospechados y son investigados podrán ser imputados. “A la imputación la hace el juez”, resaltó.

Finalmente, habló sobre los delitos federales que encuadran la investigación.

Son dos (aunque se plantea también un tercero): lavado de dinero de origen delictivo y evasión tributaria. “Vamos a verificar en qué grado y si hay algún agravante según el monto y la maniobra”.

Eso a su vez tiene que estar atado en este caso con delitos de carácter ordinario, es decir, competencia de la provincia, como enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público, para el caso de los que son funcionarios”, enumeró.