Se trata de una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamara “que la Justicia revea los pases a planta irregulares efectuados por Peppo”.
El sindicato que nuclea a trabajadores estatales, liderado por Mario Bustamante, consideró que en los pases a planta efectuados por el gobierno provincial en tiempos de Domingo Peppo “se ha violado sistemáticamente la normativa existente por acuerdos entre la gestión y el gremio mayoritario de la provincia”.
Por eso presentaron una medida cautelar en el Juzgado Laboral N° 3, a cargo de la Jueza Carolina Gómez, que lleva la firma del secretario Adjunto, Neri Salazar, donde plantea la necesidad de la “inmediata revisión en los procesos de regularización en las relaciones de trabajo en el sector público consistentes en pases a relación de planta permanente”.
La presentación enumera una serie de decretos firmados por Peppo, en los cuales “se ha efectuado la incorporación a relación de planta permanente de agentes sin vinculación previa con el Estado, identificándose una totalidad de dos mil doscientos ochenta, y personas carecientes de antecedentes laborales, varios de los cuales han sido pautados con efecto retroactivo respecto a la fecha de su dictado”.
Cabe recordar que en octubre, cuando Jorge Capitanich ya era gobernador electo, también accionó judicialmente –a través del apoderado del Frente Chaqueño Jorge Alcántara- contra instrumentos legales de pases a planta por considerar que hubo “un festival de decretos”, situación que complicó la transición de gobierno con Peppo.
Ahora, luego de la presentación judicial efectuada por ATE, el secretario general del sindicato Mario Bustamante explicó que “le exigimos al gobierno provincial, en su momento a cargo de Domingo Peppo, la conformación de mesas de pase a planta para regularizar la situación de precarización laboral en la provincia. A lo cual claramente hizo oídos sordos y nunca tuvo el compromiso político de hacerlo”.
“Esto no sólo trajo aparejado una tremenda injusticia y daño al derecho de estabilidad laboral de miles de trabajadores, sino también afectando directamente el rol del Estado como igualador de derechos para la ciudadanía, ya que al no evaluar el ingreso y considerar la experiencia, capacitación y formación de los ingresantes, hace imposible el desarrollo de cualquier política pública, poniendo en riesgo de manera permanente incluso el servicio correspondiente a realizar por los y las estatales”, agregó para cerrar.
