Claudio Bonadio dictó el procesamiento de los dos ex jefes de Gabinete por irregularidades en el manejo de fondos destinados a los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) entre 2013 y 2015. Falta de mérito para Abal Medina.
El juez Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por el delito de administración infiel y también a ex funcionarios de cargos menores, los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis.
Los procesamientos firmados por el juez alcanzan el número de 14. En tanto, dictó la falta de mérito para Juan Manuel Abal Medina.
Los dos ex funcionarios de los últimos años del kirchnerismo deberán comparecer sobre la causa judicial que investiga irregularidades en el reparto de fondos del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) entre los años 2013 y 2015.
El caso se inició a partir de una auditoría de las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el programa que tenía la misión de financiar proyectos en diversos municipios para mejorar la gestión de residuos sólidos.
Los fondos provenientes del estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes.
En el expediente se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cuestiones.
Según fuentes judiciales, los lineamientos generales del programa establecían que se girarían fondos destinados a:
-Elaboración y desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
-Montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la compra de equipamiento complementario.
-Compra de vehículos destinados a la recolección de residuos y maquinaria asociada.
–Ejecución de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto.
-Construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de los ya existentes.
-Desarrollo y ejecución de programas de gestión y capacitación en materia de residuos.
Una vez aprobados los trámites administrativos se firmaba un convenio entre la secretaría de Ambiente y los municipios. Estos últimos debían rendir cuentas de lo hecho.
Se solicitaron fondos para 634 proyectos pero solo se aprobaron 212 que fueron financiados con partidas que envió la Jefatura de Gabinete. Entre 2013 y 2015 se repartieron 604 millones de pesos.
Durante la investigación se detectó que la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, no recibieron asignaciones.
En cambio municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el programa. Tanto Chaco, como Santa Cruz y La Rioja generaban un mínimo porcentaje de residuos a nivel nacional.
De 121 proyectos relevados -por el Ministerio, el SIGEN y por el juzgado- se determinó que fueron cumplidos 22. Se hallaron 44 que fueron cumplidos parcialmente y 55 que directamente no se hicieron.
Algunas de las falencias observadas, según explicaron las fuentes judiciales, fueron:
-Carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos.
-No se respetó el orden cronológico de recepción de los proyectos para el análisis de las presentaciones de los municipios.
-Incumplimiento de los requisitos exigidos por el programa.
-Falta de control interno en la ejecución de los proyectos: plazos de realización y rendición de cuentas vencidos.
También se detectó cierta preferencia por algunos municipios. Por ejemplo, durante la gestión de Capitanich, se financiaron 54 proyectos a la provincia del Chaco por más de 170 millones.
La capital de Santa Cruz, Río Gallegos, recibió dos transferencias. La primera por 25 millones de pesos para la realización del proyecto. Luego se le otorgó una ampliación por 34 millones de pesos. Según los investigadores, no mejoró el sistema de residuos y el proyecto resultó «inviable».
La ciudad santacruceña de Las Heras recibió 8 millones de pesos para una obra que finalmente no se hizo.
El municipio de Puerto Rico, Misiones, recibió 2,7 millones de pesos para equipar una planta de tratamiento de residuos que según determinó la justicia, no existe.
En Pampa del Infierno, Chaco, recibieron 3,5 millones de pesos para hacer una planta y sanear el basural. Con ese dinero se compró un camión y un semirremolque, no se hizo la planta y el basural todavía existe.
La municipalidad chaqueña de Santa Sylvina pidió dinero para el reciclado de residuos patológicos -algo no incluido en el programa- pero luego se comprometió a realizar un relleno sanitario, otras tareas comunitarias, y una campaña de concientización.
Recibió 3,5 millones de pesos y con lo recibido compró un camión, un tractor y diez contenedores.
