PRONÓSTICO EXTENDIDO

Cambio de paradigma: desde el Ejecutivo impulsan la sindicalización de las fuerzas de seguridad

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El gobernador Jorge Milton Capitanich anunció en la mañana de este martes un Proyecto de Ley que será enviado a la Legislatura por el cual se permitirá que las fuerzas de seguridad de la provincia puedan constituir una asociación. La idea es que esa asociación encabece los reclamos de política salarial y condiciones de trabajo. 

Capitanich calificó a la propuesta como una “innovación” y explicó que “la iniciativa se trata de que el personal tanto policial como del sistema penitenciario puedan constituir una asociación. Pueden representar los intereses de sus pares con un sistema de elección democrática por voto secreto seguro obligatorio y libre”. 

Según detalló, el presidente de la asociación será elegido mediante elecciones, durará un año en su función y no podrá ser reelegido. Además, para ocupar el cargo se deberá ser personal activo, con no menos de 5 años de antigüedad y no podrá estar vinculado en ningún antecedente ni tener causas penales

En la conferencia, Capitanich indicó que esta nueva ley habilita al personal policial a efectuar un sistema de protestas y no recibirán ninguna sanción por ello

De igual manera, aclaró que “consideramos que este es un tema que no se encuadra en la Ley 23.571 de asociaciones sindicales por las características particulares de la representación porque se trata de una fuerza de seguridad, porque se trata claramente de un servicio esencial y porque se trata del uso y ejercicio y monopolio de la fuerza”. 

De manera que nadie que efectivamente porte armas puede utilizar las mismas en virtud de la reivindicación de sus propios intereses porque eso incurriría claramente en delito de sedición”, expresó.

El mandatario provincial estuvo acompañado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager, la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar y el jefe de la Policía Ariel Acuña

Es de remarcar que este 2020 fue un año conflictivo entre la Policía y el Gobierno, con sus orígenes en la renuncia de la cúpula policial encabezada por el ex jefe de la fuerza Fernando Romero, quien se fue por no estar de acuerdo con la decisión del Ejecutivo de mantener separado de sus funciones a los policías que participaron de un violento procedimiento en Fontana. 

Luego, ya con Ariel Acuña al frente de la fuerza, se despertó un reclamo salarial que congregó a policías retirados y familiares de activos a congregarse en la Plaza 25 de Mayo, incluso llegaron a cortar la calle en Casa de Gobierno, hasta que fueron recibidos por la ministra de Seguridad Gloria Zalazar para desactivar la protesta. 

Cabe destacar entonces que el proyecto de Ley establece que los trabajadores podrán realizar reclamos en períodos o intervalos de tiempo de hasta 15 minutos por día y un máximo de 45 minutos por semana y debe ser programado para no afectar el servicio.