El exgobernador de Chaco está implicado en la causa por haber sido funcionario en la gestión de Cristina Fernández. Se investigan irregularidades en el manejo de fondos públicos del programa que transmitía el torneo argentino de fútbol. El dirigente chaqueño estuvo presente en la primera audiencia a través de Zoom.
El Tribunal Oral Federal 1 comenzó este lunes el mega juicio que busca esclarecer si existió una defraudación al Estado detrás del programa «Fútbol para Todos«, la iniciativa que en 2009 lanzó el gobierno de Cristina Fernández Kirchner para la televisión pública de los partidos del fútbol argentino. En el banquillo están sentados los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros. Lo que se trata de averiguar es si hubo un manejo turbio de los fondos del Estado, por ese motivo el exgobernador de Chaco comparecerá ante el tribunal el próximo lunes.
El debate de la primera jornada empezó a las 10. El Tribunal está compuesto por Ricardo Basílico (presidente), quien integra el cuerpo con José Michilini y Adrián Grünberg . Como en cada juicio, la audiencia se dedicó a escuchar el dictamen de elevación a juicio y las cuestiones preliminares. Capitanich siguió la audiencia por Zoom.
En 2009, Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación, anunció el acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Estuvieron presentes Diego Maradona y entonces titular de la AFA, Julio Grondona. En ese contexto, la Jefatura de Gabinete firmó un contrato asociativo con la AFA: la entidad le cedía al gobierno la comercialización de los derechos televisivos de los partidos de fútbol.
El Gobierno anunció que los partidos televisados serían gratuitos y abiertos para todo el país, que los clubes recibirían recursos suficientes para sanear sus cuentas -en su mayoría, en rojo-, que se generarían fondos excedentes para financiar el deporte olímpico y que se instrumentarían políticas para mejorar la seguridad en los estadios.
A cinco meses después de la firma, en febrero de 2010, el Gobierno resolvió, sin acto administrativo de por medio, emitir publicidad oficial en los partidos televisados, desfinanciando automáticamente el programa. Uno de los pocos sponsors privados del programa, Iveco, pagaba sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba el minuto de pauta publicitaria. «En pocos meses las promesas de ‘gratuidad’ y los ‘excedentes’ ya eran una irrealidad -detalló un informe de la Auditoría General de la Nación que forma parte de la causa-. Al final, el programa demandó del erario público unos $8596 millones, casi 1184 millones de dólares en valores constantes». Por ser jefe de Gabinete en esos años es que Capitanich está en la causa.
La causa, que se abrió en 2014 por la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, tiene dos partes: las irregularidades que analiza la figura de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, pero también el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA porque eran cambiadas en determinadas cuevas financieras que eran previamente elegidas, con movimientos sospechosos.
La causa elevó a juicio a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, al exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto –en su rol de ex coordinador del programa FPT- y el extitular de la AFA Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos para el programa Fútbol para Todos (FPT).
En ese marco, el lunes 1 de julio será el turno de declarar de Capitanich, quien hace dos años, obtuvo como respuesta el rechazo a su planteo de sobreseimiento por «prematuro».
También están acusados Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco. En la lista se agregan los involucrados en la llamada ruta del dinero: los directivos de la cooperativa AMIGAL Jorge Galitis (ex directivo de Huracán) y Eduardo Amirante, y sobre Climafin Carlos Dávola (ex presidente de Tiro Federal de Rosario).
La causa incluía a José Lemme, quien fuera presidente de Defensa y Justicia; y Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo, quienes fallecieron entre 2021 y 2022. Antes de ser elevados a juicio, hubo sobreseimientos para el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, junto a Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.
