La investigación penal sobre Ramón «Tito» López todavía podría tener capítulos tanto o más impactantes que los vistos hasta ahora.

Por ejemplo, existe la posibilidad de que haya requerimientos específicos -e incluso detenciones- para los exfuncionarios que puedan haber facilitado el enriquecimiento del dirigente piquetero y el eventual lavado de activos por los que se le imputa.

Es que, de los elementos reunidos hasta ahora en la causa va surgiendo la confirmación de algo que, de alguna manera, era un secreto a voces: que el vertiginoso incremento patrimonial de López estuvo alimentado, principalmente, de recursos y bienes que le proveía el Estado.

VIVA LA PEPA

El requerimiento del fiscal Sabadini para pedir que el líder piquetero fuera investigado ya fue un anticipo de cuáles serán los focos de atención de la causa. Por un lado, la manera en que López y su clan familiar se habrían enriquecido ilícitamente y lavado activos. Por otro, la conducta de funcionarios que liberaban fondos y recursos públicos hacia los emprendimientos del dirigente «social». Y, como tercera vía, podría haber una fase investigativa orientada hacia los empresarios que cerraron tratos económicos con López que involucran tierras fiscales que habían sido cedidas por el gobierno anterior.

López declaró públicamente tener un patrimonio de $1600 millones. El gobierno anterior le habria adjudicado tierras públicas por unas 3000 hectáreas y, además, ocupaba un campo privado de 1250 hectáreas, donde se hallaron maquinarias y unas 700 cabezas de ganado.