El Tribunal Oral Federal de Resistencia fijó este miércoles la fecha para el juicio oral contra la ex intendente Aída Ayala y el sindicalista municipal Jacinto Sampayo en el marco de la causa Lavado II, que contiene acusaciones contra más de una decena de personas por distintos ilícitos.
El Fiscal General Federal del Chaco, Federico Carniel, hizo el pedido este último martes al TOCF para que se fije una fecha. La respuesta llegó a las 24 horas.
De esta manera, el TOCF designó la fecha preliminar de incio para el 9 de agosto. En tanto, los días 17, 29 y 31 de agosto; 4, 5, 18, 20, 25 y 28 de septiembre y 9, 10, 12, 13 y 17 de octubre será la continuación de las audiencias.
Según resolvió el Tribunal, las audiencias serán en modalidad presencial y para las mismas también se fijará un juez sustituto que deberá colocar la Cámara Federal de Casación Penal.
LA CAUSA
La causa inicó en 2018 tras un presunto negocio en la gestión de Aída Ayala dentro del Municipio de Resistencia, que habría beneficiado a la empresa PIMP S.A con la recolección de residuos en la ciudad.
Desenmascaradas las denuncias, el fiscal federal de primera instancia, Patricio Sabadini, había indicado que Ayala «dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo».
En su dictamen, Sabadini manifestó: «Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones».
De esta manera, la causa acusa a más de quince personas. Entre las carátulas que existen en los expedientes se encuentran los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, enriquecimento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
La jueza Zunilda Niremperger había dictado la prisión preventiva en contra de Ayala ya que, entendió, existían «serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia».
Sin embargo, al ser diputada nacional y contar con fueros, la ex intendente nunca fue apresada.
A pesar de que la Cámara Federal de Resistencia ratificó esta decisión, la Cámara de Casación la revocó en 2019. Los legisladores de los principales bloques tampoco habían dado el consenso necesario para quitarle los fueros.
Entre los acusados se encuentran: Daniel Alejandro Fischer -ex jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija-, Carlos Huidobro, Pedro Martínez, Mónica Centurión, Fátima Rigassio, Patricia Vázquez, Luis Escobar, Rolando Acuña, Natalia Martínez Guarino, Diego Martínez Guarino, Cristian Zapata, Víctor Hugo Quiróz, Enrique Baumwollspinner, Elsa Martínez y Eulalio Bouza.
