La concejal de Resistencia Lucila Masin explicó en declaraciones al canal CIUDAD TV de la ciudad de Resistencia los motivos por los cuales no avanzó el tratamiento del proyecto de ordenanza destinado a reglamentar el uso de Uber y otras plataformas digitales de transporte de pasajeros, al advertir que no se dieron las condiciones mínimas de debate legislativo ni los consensos políticos necesarios para una modificación de esa magnitud dentro del Concejo Deliberante.

La edil confirmó que el proyecto quedó sin tratamiento efectivo, al no prosperar la discusión sobre la modificación del Código Único de Tránsito y Transporte de la ciudad.

“Efectivamente es un hecho y es una realidad que no prosperó el debate y la discusión respecto a la modificación del Código Único de Tránsito”, sostuvo Masin, y cuestionó los señalamientos formulados desde la presidencia del Concejo hacia los bloques opositores.

“Resulta poco original que, una vez más, se responsabilice a la oposición por la falta de consenso, cuando esa falta de acuerdos también se genera dentro del propio cuerpo deliberativo”, expresó.

Alcance normativo y objeciones legales

Según explicó la concejal, el proyecto en discusión no se limitaba a regular el funcionamiento de plataformas digitales, sino que implicaba una reforma sustancial del entramado normativo vigente. En ese sentido, precisó que la iniciativa contemplaba la derogación de 77 artículos del Código de Tránsito y Transporte, lo que —a su criterio— exigía un análisis pormenorizado y un debate amplio.

“Los concejales tomamos real dimensión del alcance de esas modificaciones recién en el marco de la audiencia pública. No hubo una presentación previa del texto definitivo, ni tiempo razonable para su estudio y análisis”, señaló.

Masin aclaró que algunas observaciones realizadas por su bloque, particularmente vinculadas al transporte escolar, podrían haberse incorporado, pero advirtió que no ocurrió lo mismo con los planteos efectuados por otros sectores directamente involucrados, como los trabajadores de taxis y remises.

Delegación de facultades y discrecionalidad

Otro de los puntos centrales de la crítica estuvo vinculado a la delegación de facultades al Departamento Ejecutivo Municipal. La edil advirtió que la redacción propuesta dejaba amplios márgenes de discrecionalidad para la reglamentación posterior, lo que —a su entender— vulnera principios básicos de legalidad y previsibilidad normativa.

“Advertimos una perspectiva de arbitrariedad, o al menos de dejar abierta la ordenanza para su aplicación por parte del Ejecutivo. En la práctica, estábamos firmando un cheque en blanco”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que el Ejecutivo determine a futuro cupos para la habilitación de plataformas digitales, sin que dichos límites estuvieran previamente establecidos en la norma. “Entendemos que ese tipo de definiciones deben estar prefijadas o, como mínimo, debatidas con anterioridad”, subrayó.

Antecedentes comparados y omisiones

Masin también hizo referencia a antecedentes normativos de otras jurisdicciones del país, donde la regulación de plataformas digitales se abordó con criterios diferenciados. Citó el caso de Santa Fe, donde se establecieron tributos específicos a las empresas, y el de Salta, donde se fijaron alcances y condiciones particulares para su funcionamiento.

“Existe una multiplicidad de antecedentes legislativos en la Argentina y no vimos reflejado ninguno de esos modelos en la ordenanza propuesta”, remarcó.

Consensos, legitimidad y oportunidad legislativa

La concejal insistió en que una regulación de este tipo requiere acuerdos amplios y legitimidad política, y no imposiciones coyunturales. “Las normas deben construirse a partir del debate de ideas y del consenso, no desde la imposición. Cuando esos consensos no existen, lógicamente la ordenanza carece de legitimidad”, expresó.

En esa línea, consideró inapropiado intentar avanzar con el tratamiento en el último tramo del año legislativo, y recordó que su bloque había presentado una iniciativa alternativa en agosto de 2024, con voluntad de discusión hasta diciembre de 2025.

“Había tiempo para debatir seriamente. Forzar el tratamiento en el último mes del año no nos parecía oportuno”, afirmó.

Propuesta alternativa y mirada local

Entre los ejes de la propuesta presentada por su bloque, Masin destacó la posibilidad de desarrollar una plataforma digital con mano de obra chaqueña, con el objetivo de revalorizar el trabajo local y evitar que los recursos generados por el servicio se concentren exclusivamente en empresas multinacionales.

Finalmente, vinculó el debate con otras decisiones adoptadas por el Concejo, como la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y cuestionó la falta de exigencias hacia las plataformas internacionales.

“Estamos hablando de una multinacional que usufructúa el trabajo y el esfuerzo de nuestra ciudadanía, sin que exista ningún tipo de contraprestación o exigencia clara respecto a los recursos económicos que se generan a partir del trabajo de los choferes”, concluyó.