La Cámara Tercera en lo Criminal, conformada en Sala Unipersonal bajo la presidencia del juez Ernesto Javier Azcona, condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional al secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCh), Daniel Tabares, y al tesorero de dicha organización, Daniel Rivero, por «instigación a cometer delitos» en un violento hecho ocurrido en 2021.

La causa que contó con la intervención del fiscal de cámara Sergio Cáceres Olivera y con Paulo Pereyra como abogado querellante, en representación de Sameep.

El hecho que llevó al banquillo de los acusados a los gremialistas ocurrió el 1 de junio a las 8 de la mañana cuando ambos se acercaron a la sede de SAMEEP, en avenida Las Heras 80, junto a un grupo de 30 personas a quienes la justicia aún no logró identificar, aunque se sabe que todos ellos son trabajadores de planta permanente del Estado.

Todos llevaban adelante un reclamo salarial y en ese marco ingresaron a la parte delante, instigados por Tabares y Rivero, para comenzar a dañar los bienes de la empresa arrojando ladrillazos. Destruyeron puertas de aluminio y vidrio, además de mobiliario.

Cáceres Olivera indicó que el reclamo salarial tomó un «tinte de carácter delictivo» en el que se provocaron daños por una suma aproximada a los $ 4.000.000  y provocaron lesiones en distintas personas, entre ellas una mujer que casi pierde la vista y quedó traumatizada por lo ocurrido.

«Vamos a prender fuego, vamos a quemar todo, vamos a entrar por las buenas o por las malas», gritaban los imputados junto a sus dirigidos. Toda esta violenta situación fue reconstruida por trabajadores de la empresa y por Ariel Zorzoli, quien se desempeñaba como jefe de Capital Humano de SAMEEP.

Durante el juicio, Rivero dijo que él también fue agredido, que le arrojaron un hielo desde una heladera y hasta que visualizó armas de fuego, a lo que el abogado querellante respondió: «Es inverosímil, quiero decir con esto que su descargo no tiene la entidad suficiente para conmover la plataforma acusatoria, dicen que fueron agredidos, sin embargo, el personal policial nunca dio cuenta de eso, del preventivo policial no emerge».

Durante el juicio se recordó una de las declaraciones indagatorias que en calidad de imputado brindó Rivero: «Nosotros vamos a defender cueste lo que cueste», planteó. «Cueste lo que cueste es lo que pasó ese día», contestó Pereyra.

En la audiencia, Daniel Rivero se victimizó y relató que ese 1 de septiembre, mientras realizaban su reclamo salarial, «nos dicen que nos van a contestar y automáticamente cierran la puerta con llave, nos quedamos afuera, y viendo que no había respuesta, fuimos hasta la puerta y fuimos insultados y agredidos desde adentro, hasta el punto que tiraron un matafuegos rompiendo el vidrio de la puerta, también percheros, y hielos congelados que estaban en una heladera en la cocina, por un grupo contratado por el presidente de la empresa que actúa como grupo de tareas».

Daniel Tabares, en sintonía con lo declarado por su par, dijo: «Los hechos se desarrollaron como consecuencia de la actividad que se produjo de adentro hacia afuera, de donde comenzaron a salir proyectiles, que tenían consistencia sólida por lo que ocurre la ruptura de los vidrios, y hubo una reacción de autodefensa en este sentido».

Luego de las diversas declaraciones de testigos, Azcona señaló que los testimonios respaldaron las denuncias iniciales y brindaron una imagen más completa de lo ocurrido allí. «Los relatos coinciden en la presencia de manifestantes violentos, la participación de los imputados Tabares y Rivero en los disturbios y la ocurrencia de actos vandálico s. Además, se destaca el sufrimiento físico y emocional de las personas afectadas durante los hechos. Los testimonios también mencionan la obstrucción de acceso a la atención médica y la falta de identificación clara de los agresores», sintetizó el magistrado.

Azcona finalmente condenó a ambos gremialistas a tres años de prisión de cumplimiento condicional, resolvió una inhabilitación especial de 4 años para ejercer cargos o empleos públicos y rechazó que ambos reparen el daño patrimonial a SAMEEP, tal como lo solicitó la querella, al considerar que previamente debía iniciarse una acción civil.