Melisa Eliana Maldonado fue expulsada de forma definitiva del plantel de Lotería Chaqueña tras comprobarse su responsabilidad en el retiro irregular de bienes del Estado que fueron entregados a una amiga personal.

El decreto de cesantía, firmado por el gobernador, se basó en un extenso sumario administrativo que reveló cómo la agente sustrajo documentación oficial para concretar la maniobra.

El hecho ocurrió en julio de 2022, durante la licencia invernal de un agente que luego presentó la denuncia. Según declaró, en su ausencia se entregaron materiales institucionales a una persona no autorizada. La beneficiada fue Elena Fabiana Pucheta, amiga de Maldonado, quien retiró los elementos utilizando un vale interno sustraído y entregado de forma irregular.

Durante la investigación interna se constató que Maldonado había retirado sin autorización la carpeta de vales y extraído el Comprobante N.º 50749, originalmente destinado a la Fundación Barrio en Desarrollo.

Con ese documento, se permitió el retiro de bienes pertenecientes al patrimonio público: una cocina industrial, un freezer, una heladera de 300 litros, un televisor Smart, 20 mesas, 100 sillas plásticas y cuatro ventiladores de techo, entre otros.

Las cámaras de seguridad confirmaron su participación directa en el hecho.

Además, varios trabajadores y el propio denunciante testificaron sobre los movimientos indebidos. La agente, al ser citada en febrero de 2025, reconoció aparecer en uno de los videos clave, aunque se negó a declarar sobre los otros registros y optó por no realizar descargo alguno.

El caso no fue un episodio aislado. Durante el proceso también se revisaron los antecedentes laborales de Maldonado, que sumaban múltiples sanciones: faltas reiteradas, inasistencias sin justificar, incumplimiento del control de asistencia y una suspensión por entregar objetos de connotación sexual durante su jornada laboral en marzo de 2023.

Finalmente, en abril de 2025 se le notificó formalmente de los cargos. Se concluyó que actuó sin autorización, fuera de sus funciones, y que su conducta representó una grave falta administrativa.

El dictamen final calificó los hechos como de «extrema gravedad institucional», señalando que afectaron la confianza pública en el manejo de los recursos del Estado.

El decreto de cesantía establece que Maldonado ya no podrá volver a ocupar cargos públicos, cerrando así un caso que expuso la debilidad de los controles internos y la necesidad de reforzar la transparencia en la administración de bienes estatales.