El concejal Fabricio Bolatti, acompañado por Mariano Brahim y Hernán Ciravolo, formalizó una presentación ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Acusan al Ejecutivo municipal de ocultamiento de información, sobreprecios y adjudicaciones directas millonarias. “Si nadie interviene, ya estamos hablando de impunidad”, sentenció.

La oposición municipal en Resistencia elevó la tensión política este viernes al presentar un pedido formal de auditoría integral, intervención y control permanente sobre la administración del intendente Roy Nikisch. La denuncia apunta a un presunto esquema sistemático de falta de transparencia, irregularidades en las contrataciones y erogaciones millonarias sin el debido respaldo documental.

“Estamos frente a un escenario de extrema gravedad y opacidad institucional en Resistencia”, aseguró el concejal Fabricio Bolatti tras la presentación. Según detalló el edil, el Ejecutivo comunal lleva más de un año sin publicar las Resoluciones de Intendencia en el Boletín Oficial, lo que impide el control ciudadano y legislativo.

Números bajo la lupa: Alquileres de maquinarias y obras con sobreprecios

En el núcleo del reclamo se cuestionan los millonarios desembolsos destinados a la contratación de servicios privados. “Se han pagado más de $30.000 millones en alquileres de maquinaria y camiones cuya prestación efectiva es, en muchos casos, dudosa”, disparó Bolatti.

Asimismo, se denunciaron severos desfasajes en los costos de la obra pública local en comparación con los parámetros del mercado nacional. El concejal ejemplificó que el valor del metro cuadrado en ciertas refacciones municipales llega a duplicar los promedios del país: “Vemos estructuras simples de durlock que se facturan a más de $3,5 millones por metro cuadrado, cuando en los mercados más costosos de la Argentina esos trabajos no superan los $2 millones”.

De acuerdo con el informe presentado ante los organismos de control, la actual gestión exhibe un marcado abuso de las excepciones legales para evitar el escrutinio de las ofertas. “Es alarmante que solo el 2,7% de las órdenes de pago se canalicen mediante Licitación Pública, mientras que más del 90% se ejecutan por Compra Directa o procedimientos de baja exposición”, cuestionó el referente opositor.

Deuda millonaria bajo sospecha: “¿A quién le pagaron?”

Otro de los puntos críticos de la presentación radica en el manejo del pasivo municipal y el uso del mecanismo del denominado «Legítimo Abono». Desde la concejalía señalaron que, si bien se autorizó originalmente el pago de $2.190 millones bajo esta figura excepcional, los registros finales exponen otra realidad.

“Terminaron liquidando cerca de $14.000 millones en amortización de deuda. La pregunta es simple: ¿a quién se le pagó semejante diferencia si esa deuda no existía formalmente?”, inquirió Bolatti.

El listado de presuntas irregularidades denunciadas:

• Ocultamiento sistemático de actos administrativos y resoluciones.
• Direccionamiento de contrataciones y abuso de figuras de “emergencia”.
• Sobreprecios en obras, alquileres de equipos pesados y suministros básicos.
• Delegación ilegal de facultades presupuestarias exclusivas del Concejo.
• Registraciones contables en abierta vulneración a las normas de administración financiera.

Cuestionamientos al «silencio» de los organismos de control

Bolatti remarcó que actualmente son 5 de los 11 concejales de Resistencia los que sostienen estos planteos y lamentó la aparente inacción de los entes reguladores de la provincia. En ese sentido, contrastó el contexto presente con periodos anteriores donde las instituciones «actuaban de oficio ante un simple titular mediático».

“Hoy, a pesar de existir fallos judiciales que reconocen los incumplimientos de la gestión y la concentración ilegal de facultades, no hay una respuesta institucional acorde a la gravedad de los hechos”, reclamó.

Por último, el edil instó al Tribunal de Cuentas, a la FIA y a la Justicia a actuar de manera urgente «antes de que el perjuicio económico para Resistencia sea irreversible». Y concluyó con dureza: “Aquí no discutimos una diferencia de criterios políticos; defendemos los recursos de la comunidad. Si ante semejante cúmulo de pruebas nadie actúa, ya no es un problema administrativo: estamos hablando de impunidad”.