El Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de Resistencia expresa «públicamente su más enérgica solidaridad y respaldo institucional al colega doctor Mario Manuel Peredo Aguirre, quien en el marco del ejercicio profesional de la abogacía, ha sido víctima de hechos de suma gravedad institucional que atentan contra la independencia, la libertad y la dignidad del ejercicio profesional», señala el comunicado sobre el supuesto hecho ocurrifdo con el fiscal de derechos humanos, y subrogante de la fiscalía Nº6.

Según consta en la denuncia en fecha 28 de mayo de 2025, a la salida de una audiencia en el Juzgado de Garantías N.º 2, el doctor luciano Santos, «habría proferido expresiones intimidatorias, amenazantes y persecutorias hacia la persona del doctor Peredo Aguirre  por haber patrocinado una acción judicial legítima. La causa a la que aludió fue el amparo promovido por la doctora Patricia Passarino contra el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, en la cual se cuestionó la irregularidad del concurso en que intervino quien sería su pareja, la doctora Julieta Dansey».

Las expresiones que habría proferido el Fiscal de Derechos Humanos, Dr. Luciano Santos, serían las siguientes:

» «Con vos todo mal» , «de mí no vas a obtener nada», «eso no se hace» , «te ensañaste con mi familia», entre otras frases que configuran no solo una inaceptable actitud de amedrentamiento, sino también una posible violación al principio de objetividad, imparcialidad y respeto profesional que debe regir la conducta de todo funcionario judicial, máxime de un fiscal de derechos humanos», afirma el comunicado de la entidad presidida por Jose Rene Galassi.

«Cabe destacar que el agravio sufrido se vincula directamente con una acción judicial promovida por una clienta del doctor Peredo Aguirre –bajo su legítimo patrocinio letrado– en la cual se cuestionaba la legalidad de un concurso del Consejo de la Magistratura en el que habría participado la pareja del doctor Santos. En consecuencia, el ataque verbal e intimidatorio no sólo se dirige contra un abogado en su ejercicio profesional, sino que además implica un intento de censura y represalia por el legítimo accionar jurídico tendiente a garantizar la transparencia en la selección de magistrados y funcionarios judiciales. Este Colegio no puede permanecer en silencio ante semejantes hechos. El agravio personal al doctor Peredo Aguirre constituye un ataque institucional al conjunto de la abogacía, y un preocupante antecedente que pone en entredicho los principios básicos del sistema republicano y democrático: el acceso a la justicia, la libertad profesional, la división de poderes y el respeto por la labor de los abogados en defensa de los derechos de los ciudadanos».

Piden una investigación 

Por todo ello, «repudiamos con firmeza la conducta desplegada por el Fiscal Santos, la cual resulta incompatible con los valores de su función, exigimos el inmediato cese de cualquier tipo de hostigamiento o presión a los colegas que cumplen con su rol de contralor constitucional y ético del sistema judicial, y exhortamos a las autoridades competentes a investigar con la debida celeridad y transparencia lo ocurrido, a fin de preservar el estado de derecho».

Asimismo- sigue el parte de prensa- «este Colegio pone a disposición del doctor Peredo Aguirre todos los recursos institucionales y legales que fueran necesarios para su defensa y el resguardo de su integridad profesional, personal y familiar, y hace un llamado a toda la comunidad jurídica a mantenerse unida y firme frente a cualquier intento de coartar la libertad en el ejercicio de la abogacía. La independencia de la abogacía y el derecho a litigar en defensa de los intereses legítimos de nuestros clientes son pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Es inadmisible que un funcionario del Ministerio Público utilice su posición para intentar condicionar, intimidar o castigar a profesionales que ejercen la defensa legal y el control de los actos públicos».

«Una falta grave»

Luego el Colegio de Abogados agrega: «Cualquier acto de presión o amedrentamiento de parte de un Funcionario Judicial, en el caso, un Fiscal de Derechos Humanos, a un abogado por su postura asumida en un caso, y la información a la sociedad respecto del mismo, importa un ataque directo a la dignidad y libertad en el ejercicio de la profesión, implicando ello una grave falta de consideración y respeto, en los términos del artículo 4 de la Ley Provincial N 2275-B Exigimos a las autoridades del Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura que tomen cartas en el asunto.

La sociedad merece un Poder Judicial transparente, libre de presiones y donde ningún abogado ni ciudadano sea perseguido por ejercer sus derechos».

Fuente: (Diario Norte)