El procurador general adjunto de la provincia del Chaco Miguel Fonteina explicó la labor judicial en el contexto de pandemia referido a las aglomeraciones que ocurren por manifestaciones sociales, espacios de reunión y fiestas clandestinas, en las cuales tiene intervención el equipo fiscal ya que se trata actualmente de un delito penal que podría terminar con penas de prisión para los organizadores.
“Nosotros los fiscales actuamos en las cuestiones del delito que parten del Artículo 202 y 205, y actuamos cuando, por ejemplo, ocurren fiestas clandestinas”, explicó Fonteina en conversación con Radio Nacional Resistencia, y detalló que actualmente “se están trayendo a los responsables, se les imputa el delito y esa persona tiene afrontar un proceso penal y un juicio penal”.
“La pena máxima es de 2 años, o sea no tiene prisión, pero si sumas 5 hechos habría que ver esa tabulación respecto a la pena, pero eso se hace en la etapa del juicio”, aclaró el procurador, y agregó que en situaciones que se tornaron “más complicadas” se procede a la detención de la persona en el momento y luego “se comprueba la situación de imputado, se verifican los antecedentes y se le otorga la libertad con pautas compromisorias”.
Miguel Fonteina, procurador general adjunto de Chaco.
“Los organizadores en un principio se han burlado, no de la Justicia ni de la Ley, sino de toda la sociedad, porque todo el mundo sabe dónde estamos ubicados –a niveles sanitarios-, entonces establecieron ciertas normas para burlar los controles”, despuntó, y remarcó que a partir de allí “se empezaron a establecer pautas para aprehender a esos organizadores y se ha logrado en casos emblemáticos”.
En ese sentido, recordó el caso del organizador que se le fueron suspendidas 6 fiestas en una finca de Resistencia. “Ese hombre en un principio se lo notificó y a la tercera fue detenido”, contó el fiscal, y explicó que “eso es complicado para este ciudadano, porque cuando vaya al juicio oral, cuando el fiscal pida la pena, tiene la obligación de solicitarle la suma de todos los hechos, entonces ahí se le empieza a complicar la situación de libertad”.
“Es lamentable que tengamos que llegar a este punto cuando uno ve que el índice de contagios asciende”, remarcó, y sumó que “más allá de alertas, sirenas, campañas, si la comunidad no internaliza de nada sirve”.
Manifestaciones sociales y aglomeraciones
En línea a la disposiciones judiciales vigentes en contexto de pandemia, el procurador adjunto refirió también a las distintas manifestaciones sociales que se suscitan en el último tiempo, contradiciendo los protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones y que en algunas situaciones terminaron con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
“Hay una disposición judicial de la Dra. Pereyra que es una normativa que se aplica en todo el ámbito de la primera circunscripción judicial y, por consiguiente, es obligatorio para todos”, sostuvo Fonteina, y explicó que “todo tipo de manifestación en cualquier tipo, de organizaciones, no importa de qué índole sean, están en este tiempo de pandemia prohibidas”.
Manifestación del «8N» en Resistencia. (Archivo)
Ante ese contexto, explicó que en principio “se los invita, a través de los mediadores, a ver cuál es la situación, cuál es el problema, qué necesitan, y a partir de allí, si no dispersan, la señora jueza dispuso en su Resolución la aplicación del ejercicio de la fuerza pública dentro de los parámetros convencionales, dentro de los parámetros de la Ley”.
“Nadie escapa de que Resistencia es una ciudad ampliamente con piquetes que son por distintos estamentos y distintas situaciones en forma diaria, que vienen y se multiplican, y la ciudadanía debe entender que en este momento ese tipo de reclamos están prohibidos por esa cuestión, no por una cuestión de impedir reclamar sino de primar la seguridad de salud”, sostuvo.
Fuente: (Agencia FOCO)
