Cada vez que hay un cambio de ciclo político en la provincia, las autoridades salientes se dedican a nombrar personal en la planta permanente del Estado, por vínculos políticos, de amistad o familiares, y la gestión de Jorge Capitanich no fue la excepción.
Luego de perder las elecciones de septiembre frente a Leandro Zdero, la gestión del Frente Chaco Merece Más se esmeró en dejar gente propia en las estructuras del sector público más allá del recambio gubernamental del 10 de diciembre.
Una de las tantas maniobras detectadas en ese período fue una transferencia de agentes a Lotería Chaqueña, creando nuevos cargos para ellas. Ahora un informe del Tribunal de Cuentas marca las irregularidades cometidas en ese procedimiento y considera que debe ser considerado nulo.
EL CASO
La movida se consumó mediante el decreto 3679, firmado el 8 de diciembre pasado (dos días antes de dejar el gobierno) por Capitanich y su ministro de Economía, Santiago Pérez Pons.
Allí se crean cargos en Lotería Chaqueña (uno de los organismos del Estado provincial con sueldos más altos) para transferir a esa dependencia a diez agentes.
En los fundamentos del decreto se argumentaba que el traspaso de esos empleados (que ya eran personal de planta de otras áreas estatales) se justificaba «en razones de servicios y en el eficiente desempeño de los agentes (…), que reúnen las condiciones profesionales y personales para asumir el compromiso laboral con el organismo referido (Lotería Chaqueña)».
En un anexo del mismo decreto se menciona a los beneficiarios de la decisión: Gustavo José Ariel DAlessandro, Natalia Carolina Acosta, Hernán Maximiliano Blanco, Gilda Calabrese, Sheina Marlene Waicman, Katia Blanc, Juan Diego Luna, Gustavo Alejandro Peloso, Carlos Edgardo Diz y Graciela Mabel Ríos. Los diez quedaban repartidos en tres categorías diferentes.
RECAMBIO Y ANÁLISIS
Los movimientos de personal efectuados por la gestión de Capitanich en sus semanas finales trascendieron en parte y en otros casos recién salieron a la luz cuando las nuevas autoridades asumieron y comenzaron a revisar decretos y resoluciones.
En todo ese proceso quedó claro que Lotería fue uno de los destinos preferidos de los empleados nombrados a último momento o de aquellos que ya estaban en planta y querían «pasar a mejor vida» siendo traspasados a un organismo que tiene remuneraciones mucho más elevadas que las de la administración central del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, recientemente trascendió que el dirigente piquetero José Porretti, al que se le inició una causa penal por haber instado a «derrocar» al presidente Javier Milei, pasó a planta permanente en Lotería en las últimas semanas de la administración provincial peronista.
En el caso de las diez transferencias del decreto 3679, un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas dice que la apresurada medida no tiene respaldo legal y debería ser anulada, a la par que debería iniciársele una demanda reparatoria a los funcionarios que la autorizaron por los perjuicios ocasionados al Estado.
Ese informe, elevado a los vocales que conducen el Tribunal de Cuentas, plantea que «ante la manifiesta ilegalidad, arbitrariedad, inconstitucionalidad y avasallamiento del orden jurídico» del procedimiento llevado a cabo antes del cambio de gobierno, surge «la necesidad de declaración judicial de nulidad del decreto 3679».
Entre las objeciones que dan lugar a esa conclusión está el hecho de que nunca se justificó acabadamente que Lotería necesitara de esos nuevos diez empleados, más allá de la justificación ambigua esgrimida por Capitanich y Pérez Pons al decir que se trataba de «razones de servicios» y ante el «eficiente desempeño» de los agentes en sus sectores de origen.
Ni siquiera se cumplió con el requisito legal de que la medida tuviera una previsión presupuestaria.
Por el contrario, Lotería advirtió que no había disponibilidad para esas incorporaciones, y la transferencia de agentes no tuvo intervención de áreas internas a las que se les debería haber dado participación. Fue, con todo, apenas una parte de todo lo que sucedió en el Poder Ejecutivo, sus empresas y organismos, cuando la retirada del poder estaba cerca.
