El Poder Legislativo aprobó la Ley 3794-J que limita el uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia. La norma fue promovida por el diputado Livio Gutiérrez y fue aprobada en la última sesión ordinaria.

Luego del extenso debate con distintas posturas dentro del recinto, se remarcó la falta de controles exhaustivos para que la telefonía y el internet dentro de las unidades penitenciarias dejen de ser utilizadas con fines delictivos.

El autor de la normativa aprobada por el cuerpo, Livio Gutiérrez, expresó que la iniciativa establece que para garantizar el derecho a la comunicación de los internos se instalarán teléfonos públicos, los cuales deberán ser programados para reproducir, al inicio de cada comunicación, un mensaje pregrabado en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario desde donde se origina la llamada.

“Este es un proyecto de 2016, el primigenio fue el exlegislador Raffin, y había perdido estado parlamentario. Por eso, agregué otro ítems relacionados a internet e inhibidores de comunicación, a los efectos de limitar y garantizar derechos constitucionales en los lugares donde hay personas recluidas, privadas de la libertad o condenadas”, fundamentó Gutiérrez.

Tras un intenso debate, el diputado autor de la iniciativa explicó que, si bien los presos tienen que tener comunicación, también es derecho constitucional que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad de los reos y, en ese marco, creo que las condiciones edilicias no están bien en el sistema penitenciario, por lo que hay que mejorar mucho.

“La idea de este proyecto es, no sólo garantizar a través de líneas directas de telefonía pública dentro de la propia cárcel, comisaría o penal, sino también la comunicación con la advertencia de que, cuando se habla desde ese teléfono, haya una voz pregrabada que indique que se habla desde ese dispositivo, porque hay muchas casos de estafa, sobre todo a adultos mayores”, sostuvo.

En cuanto a aquellos planteos sobre el uso educativo que le dan a la telefonía las personas privadas de su libertad, aclaró que el objetivo es sostener la cuestión educativa.

“Sabemos que se necesita tener internet en las cárceles, pero se puede controlar su uso. No creo que esta ley conculque derechos constitucionales, más bien creo que va a proteger a la gente buena que está todo el día trabajando y está expuesta a demasiados delitos”, finalizó.