PRONÓSTICO EXTENDIDO

El Consejo de la Magistratura resolverá este martes la situación de la Jueza de Familia Nº 1 de Villa Angela, Laura Buyatti

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La titular del juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Villa Ángela Laura Verónica Buyatti tendrá un largo día a la espera de lo que pueda resolver esta tarde el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, luego de cumplir con el plazo dado a la magistrada para responder por escrito a las acusaciones formuladas por los procuradores Jorge Canteros y Miguel Fonteina.

Amenazas graves y abuso de poder es lo que se le endilga a Buyatti y hoy será tema principal de la agenda de los miembros del organismo encargado de designar y remover jueces y fiscales.

Segun se pudo saber, la jueza de Familia de la tercera ciudad del Chaco, que fue designada como titular en 2015, cumplió con el ‘informe potestativo‘ mediante sus dos abogados defensores Armando Rafael Aquino Britos y Hugo Marcelo Chávez.

La denuncia se genera a partir de la amenaza al trabajador de la construcción Marcelo Acosta, también de Villa Ángela, quien desde hacía un tiempo le reclamaba el pago de una deuda a la entonces pareja de la jueza, José Álvarez Tovar, alias ‘Tabú. Acosta, sabiendo lo que podía pasar, decidió grabar la comunicación telefónica que mantuvo con la jueza.

En ese diálogo, entre varias descalificaciones por su condición social, Buyatti lo denigró y hasta lo llamó ‘tape‘, manera peyorativa de calificar a una persona de escasos recursos, como también le dijo ‘planero de m…‘.

Pero la grave situación que llevó al jefe de los fiscales a avanzar con la denuncia ante el Consejo de la Magistratura fue la amenaza de muerte que Buyatti le hace, según la grabación divulgada por Acosta. ‘Si seguís molestando te pego un tiro en la cabeza‘, advirtió la jueza al albañil.

El proceso se inició a partir de la requisitoria de los fiscales Gisela Oñuk y Sergio Ríos, quienes pidieron a la jueza de Garantías Yolanda Gómez Samela que se investigue si Buyatti incurrió en la comisión de los delitos.

No pasaron más de diez días, que Gómez Samela elevó el expediente al procurador Canteros y el 8 de febrero finalmente se concretó la denuncia.