La respuesta al presidente no se hizo esperar. Desde el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco enviaron un comunicado de prensa marcando su “preocupación y rechazo a las manifestaciones” de Macri “en contra de la actividad profesional de los abogados que ejercen la defensa de los trabajadores y de los jueces de ese fuero, así como también en relación a la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia local, declarando la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia sancionada anteriormente”.
“En ambos casos se tratan de expresiones desafortunadas, teñidas de una inocultable falacia, que consiste en emitir como una regla conclusiva, lo que no pasa de ser una apreciación personal, un juicio de valor o una unilateral visión aportada desde la parte afectada negativamente por aquello que se critica, siendo en cualquier caso inadmisible cuando quien las emite es un funcionario público, miembro de un Poder del Estado que debe imponer en sus opiniones el respeto por el elemental principio de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”, afirmaron.
“Rechazamos esta actitud de intolerancia con las propias reglas del sistema constitucional que nos rige, en tanto que no es posible asimilar como sana crítica u opinión constructiva, lo que en verdad se enuncia y difunde como difamación hacia quienes realizan su trabajo profesional o cumplen su función jurisdiccional, por la simple razón de que las decisiones adoptadas por los jueces no conforman a los difamadores”, señalaron.
“La crítica hacia las decisiones judiciales y al trabajo profesional que llevamos adelante los abogados en los procesos que permiten arribar a ellas, debe ser abordado desde la argumentación jurídica y canalizada a través de los medios procesales que sobradamente prevé el tuitivo sistema procesal vigente, que por su parte impide siempre imponer una sola opinión como solución final de un conflicto”, afirmaron.
“Al contrario de las opiniones que refutamos, el proceso judicial tiene una vasta legitimación democrática que se asienta en las estrictas reglas participativas de todos los potenciales afectados o interesados en un conflicto y que cierran toda posibilidad de exclusión, silencio o no participación de los interesados, razón por la que en algunos casos hasta supera en contenido sustancial y en abastecimiento del ideal deliberativo, a las decisiones adoptadas por simple mayoría por los poderes políticos que piensan que agotan la legitimación democrática y que pueden muchas veces ni siquiera tomar en cuenta la opinión o el interés de sus futuros destinatarios”, remarcaron desde el Consejo Profesional.
