Este sábado se cumplen ocho años de la primera movilización de Ni Una Menos. Las demandas de este año hacen eje, entre otros puntos, en el impacto de la violencia económica, teniendo en cuenta además la estrecha vinculación que tiene con otras formas de violencia de género. 

Un 28% de quienes denunciaron violencia doméstica en 2022 sufrieron violencia económica y patrimonial, a su vez 4 de cada 10 adultas mayores la padecieron, en tanto que un 63% de las víctimas tiene una ocupación remunerada y un 29% es beneficiaria de programas sociales.

Los datos se desprenden del último informe presentado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y permiten dimensionar la realidad de este tipo de violencia, usualmente menos visibilizada, y que se profundiza en contextos de crisis, donde se ven afectados los ingresos para la vida diaria, y crece el endeudamiento de los Estados y las familias.

“Nos queremos desendeudadas, pero no solamente a nivel de la deuda estatal, sino también desendeudadas en nuestra vida cotidiana, porque algo que viene sucediendo de manera muy fuerte es que cada vez más nos endeudamos más para vivir”, indican desde Ni Una Menos, y advierten sobre los círculo vicioso de deuda y vulnerabilidad financiera que afecta a mujeres e identidades diversas.