El fiscal de cámara Juan Martín Bogado, integrante del equipo que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, solicitó de manera urgente, ante la fiscal de la Mesa Única de Ingresos e Intervención Temprana (MUIIT), María Laura Vancorbeil, la apertura de una Investigación Penal Preparatoria ante las declaraciones mediáticas de Gloria Romero, madre de la víctima, en el programa Cámara del Crimen del canal TN.

En su intervención televisiva, Romero lanzó una grave acusación al asegurar que «a Martín Bogado le pagaron 50 millones de pesos para que cambie la carátula» de la causa, sugiriendo que el fiscal habría sido «coimeado» para modificar el rumbo de la investigación.

La madre de Cecilia detalló que recibió esta información a través de un mensaje enviado por un recluso, información que ella misma habría entregado a su abogado y a periodistas para que se investigue el presunto soborno.

Según Romero, las irregularidades en la causa comenzaron a surgir tras la asignación de Bogado al equipo especial del Ministerio Público Fiscal de la provincia, responsable de llevar adelante la investigación penal preparatoria, lo que habría desembocado en un cambio en las imputaciones que «favoreció» a los principales acusados: Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, todos ellos detenidos hoy con prisión preventiva firme. 

Ante la gravedad de estas declaraciones, el fiscal Bogado solicitó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones. En su presentación, resaltó: «ante la gravedad de las acusaciones formuladas, siendo su intención (según sus dichos) se investigue en la Justicia el Cohecho del cual quien suscribe estaría involucrado, es que se impone como deber legal de Fiscal que intervenga, y tratándose de un delito de Acción Pública, se abra una investigación que vaya hasta las últimas consecuencias, para esclarecerlo».

Consideró el fiscal pertinente que se ordene como primera medida el testimonio bajo juramento de la nombrada, a fin de que brinde los datos del «preso» que le envió los mensajes afirmando conocer detalles del delito en cuestión, los datos de identidad de las personas a quienes habría entregado dicha información para que denuncien o que propicien una investigación, como así también cualquier otro dato de relevancia que permita llegar a la verdad de tamaña acusación.