El Ejecutivo propone implementar prisiones domiciliarias, otorgar libertades transitorias, conmutación y rebajas de penas, entre otras acciones.
El Poder Ejecutivo Provincial informó que enviará al Poder Judicial una serie de propuestas con el objetivo de propiciar medidas de seguridad y protección para atender las demandas de las personas privadas de su libertad y los trabajadores del Servicio Penitenciario, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Las propuestas surgieron a partir de una serie de reuniones encabezadas por el gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga con organismos de Derechos Humanos, miembros de los ministerios de Seguridad y Justicia y de Salud, la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, la Policía de la Provincia del Chaco, el Servicio Penitenciario Provincial, miembros del Comité para la Prevención de la Tortura, el Ministerio Público de la Defensa, representantes de otras fuerzas federales, referentes y familiares de los privados de su libertad.
Entre las medidas que se proponen desde el Ejecutivo provincial, se destaca la de elevar una nota formal a la Junta Federal de Cortes para la adopción de un protocolo para regular diversos criterios referentes a la implementación de las prisiones domiciliarias y/o preventivas.
Además, el Gobierno propone el otorgamiento de libertades asistidas, condicionales y/o transitorias; aplicación de medidas por agotamiento de penas; conmutación, rebajas e indultos, contemplando las recomendaciones realizadas tanto por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura como por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, según se informó oficialmente.
Asimismo, el Gobierno Provincial sugiere se determinen en carácter de urgente, medidas tendientes a la regulación en el uso de tecnologías para el control de los procesos y reformas que requiere el Código Procesal Penal Provincial, generando modelos de comunicación de las personas privadas de su libertad a través de la tecnología existente y la necesaria aplicación de protocolos de bioseguridad para las personas en contexto de encierro en todo el territorio nacional.
A su vez, el Ejecutivo Provincial informó que insistirá en promover la obtención de financiamiento urgente para el uso de tecnologías, la generación de un plan de inversión en infraestructura básica que mejore las condiciones de habitabilidad, la regulación nacional del sistema de peculio con el objeto de incentivar el financiamiento de su propia condena y programas de educación intensiva para cada uno de las personas privadas de su libertad.
Por último, el Gobierno informó que en los últimos días, el Sistema Penitenciario Provincial ha realizado un análisis exhaustivo, severo e interdisciplinario que puso a consideración del Poder Judicial de la Provincia a través de los Jueces de Ejecución y Cámaras, en el que consta un relevamiento de la situación de detenidos en condiciones de acceder a prisión domiciliaria, libertades transitorias, condicionales o asistidas, penas de menor cuantía y agotamiento de pena, donde se evaluaron los casos de personas mayores de 60 años, afectados por la suspensión de plazos procesales y detenidos por delitos correccionales, estando estas definiciones actualmente en la esfera judicial.
