Pasadas las 11 de la mañana, culminó la declaración indagatoria del Contador Cristian Ocampo, actual Ministro de Hacienda del Chaco y que se encuentra imputado por el presunto lavado de activos, en el fuero federal.

«Declaré todo lo que se me requirió» dijo a Canal 9 el Ministro Ocampo, y añadió «estamos a disposición de la justicia para aclarar todo lo que respecta a mi persona y a mi función».

Cristian Ocampo, declaró por alrededor de dos horas y al salir de la indagatoria, de la que participó además de Niremperger el fiscal Sabadini, indicó que «fue en absoluta normalidad, respondí todas las preguntas que se han formulado y lo seguiré haciendo».

Negó tener implicancia en las decisiones de la distribución de la pauta publicitaria del gobierno y atribuyó la responsabilidad de esta cuestión al exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey (actualmente detenido).

Cabe recordar que tanto el ministro Ocampo como su esposa, la contadora Alicia Ceferina Vázquez, están acusados por presunto “fraude en perjuicio de la administración pública” (en siete hechos).

A Ocampo, además, se lo imputa por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

¿De dónde surge la imputación? En su acusación, el fiscal Sabadini recordó que Horacio Rey era la autoridad de aplicación y fiduciante del Fideicomiso de Pautas Publicitarias (FAPO).

En este sentido, era quien podía nutrir de fondos al FAPO, así como los demás fiduciantes.

Sin embargo, luego del dictado del decreto 767/2016, los incrementos que provengan de rentas generales debían requerir la intervención del Ministerio de Hacienda (a cargo de Ocampo) para controlar que exista factibilidad presupuestaria.

Previo a este pedido de ampliación presupuestaria, Rey elaboraba una lista de medios habilitados para ser contratados, el que luego se imprimía y remitía a Fiduciaria del Norte.

El listado era firmado luego por el vicepresidente del Directorio y la Gerente General de Fiduciaria del Norte, en este último caso, por la esposa del Ministro de Hacienda, Alicia Vazquez. Vazquez luego fue reemplazada por Gustavo Katavich (hoy detenido).

¿Cómo era la operatoria de la pauta publicitaria?

La causa de lavado de activos agravado, que lleva adelante la Justicia Federal y que tiene como principales protagonistas al exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey y al subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, puso en el tapete una cuestión particularmente sensible para todos los gobiernos: la pauta publicitaria. La “pauta” es ni más ni menos que el dinero que se le paga a los medios para difundir los actos de gobierno.

En este marco, la sospecha del fiscal Sabadini apunta a que gran parte de los fondos destinados a tal fin fueron direccionados a fundaciones y empresas fantasmas, y luego, ese dinero ilícito era introducido en la economía formal a través de distintas operaciones de lavado de dinero (con la compra de lanchas, por ejemplo).

La acusación del fiscal afirma que Rey detentaba un “absoluto control y discrecionalidad” para establecer las listas de contrataciones y asignación de pautas publicitarias oficiales, como así “disponer el pago de las mismas”.

Esta actividad era realizada conjuntamente con el contador Gustavo Katavich, personal de la Fiduciaria del Norte SA y a quien Rey habría afectado a la coordinación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO).

En este entramado aparece el exsubsecretario de Comunicación y Medios, Paulo Buttice. Actualmente detenido por orden de la justicia provincial, Buttice dependía de Rey y tenía la función de certificación de los servicios prestados, que se realizaba con carácter previo al pago de la pauta.

Para el fiscal, Rey y Katavich crearon un sistema informático de administración y gestión de este fideicomiso, que se dio en llamar “Fappo Gestión” y funcionaba de manera paralela al sistema contable existente anteriormente llamado “SAP” y al cual ambos tenían acceso irrestricto.

Es decir que, según la acusación, ellos mismos decidían a quién pagar y a su vez controlaban que esas empresas cumplan con el (en teoría) servicio prestado al Estado, en un sistema totalmente paralelo al de la Fiduciaria del Norte.