El Superior Tribunal de Justicia confirmó el rechazo a una demanda de veintitrés ex agentes del Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña que reclamaban ser reincorporados a sus funciones tras haber sido cesanteados por haber participado de los actos de sedición que tuvieron lugar en esa ciudad en diciembre de 2013.

El fallo, fue dictado el 12 de abril, y lleva la firma de los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia: Rolando Toledo, Iride Grillo, Alberto Modi, María Luisa Lucas y Emilia Valle.

En su sentencia, el STJ desestimó un recurso de inconstitucionalidad y se limitó a ratificar la de segunda instancia –dictada en diciembre de 2016- que, a su vez, había revocado un fallo favorable a los penitenciarios.

La principal objeción contra el fallo de segunda instancia era que en éste se reconoció a la Dirección del Servicio Penitenciario y de Seguridad Social (y no al Órgano de Control Institucional, dependiente de la Policía del Chaco) la facultad de intervenir en la instrucción del sumario administrativo, cuando una ley específica así lo determina.

Los ministros del STJ señalaron, en este sentido, que “(…) la ley del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social -que es la específica-, contempla un cuadro de mando propio de organización interna y establece que los sumarios serían ordenados por el superior del causante, por lo que no se vislumbra que el Director del Servicio Penitenciario y de Seguridad Social, a cargo de la conducción superior penitenciaria sea órgano incompetente para intervenir en la instrucción del sumario administrativo, avalando la designación de instructor y secretario a tales fines, como lo demuestran las actuaciones sumariales a la vista”.

Los días 8 y 9 de diciembre de 2013 un grupo de policías y penitenciarios de la provincia mantuvieron en vilo a los habitantes de las ciudades de Resistencia y Sáenz Peña a partir de lo que surgió como un reclamo por aumentos salariales y terminó con dos muertos y hasta con el cautiverio, durante varias horas, del por entonces ministro de Gobierno del Chaco, Marcos Verbeek, en la sede de la Jefatura de Policía.

Vale recordar que en aquel diciembre caliente también hubo alzamientos policiales simultáneos en distintas provincias del país.

Tras los sucesos, a la par de las investigaciones judiciales abiertas en la justicia federal y en la ordinaria, que finalmente se subsumieron al fuero federal, el gobierno del Chaco avanzó con sumarios administrativos para determinar el grado de responsabilidad de todos los policías y penitenciarios involucrados.

En algunos casos, las sanciones resultaron suspensiones de los acusados y en otros lisa y llanamente la cesantía.

En estos últimos casos, los agentes cesanteados fueron encontrados responsables de faltas graves como “motín” y “subversión”, entre otras previstas en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial.

Fuente: (Chaco Dia Por Dia) Adrian Beron de Astrada