A diferencia de lo que ocurre en carceles e instituciones federales, dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación, en el Chaco, las personas privadas de libertad podránn seguir gozando tranquilamente de tener acceso a telefonia movil en su lugar de alogamiento.

El diputado opositor y actual candidato a gobernador, Leandro Zdero, lideró en la sesión un intento de rechazo al veto que presentó el Poder Ejecutivo respecto a la ley N° 3794-J que fue aprobada en abril de este año y que buscaba regular el uso de telefonía celular dentro de las dependencias penitenciarias de Chaco.

Para llevar a cabo esta iniciativa se unieron los bloques de Juntos por el Cambio, CER y Frente Integrador. Sin embargo, entre los legisladores no reunieron los votos necesarios para hacer frente a la voluntad de los oficialistas, y el rechazo al veto no tuvo éxito.

El veto a la ley presentada por Livio Gutiérrez, y que en un comienzo buscaba directamente prohibir los celulares en las cárceles, se hizo efectivo a finales de abril. El Ejecutivo, mediante un escrito del gobernador Capitanich a la titular de la Cámara, Élida Cuesta, fundamentó su decisión en que «pone en peligro los consensos y objetivos construidos junto al Gobierno nacional y provincial, descuidando y alterando derechos constitucionales y convencionales».

Además, el mandatario consideró que la limitación al uso de celulares era «absolutamente regresiva en materia de acceso derechos humanos básicos, universales e inalienables». Por ello, modificaron los artículos 1°, 3° y 4°, como también el título de la ley.

La iniciativa impulsada por la UCR, desde 2016, tenía como finalidad usar inhibidores de señal en las penitenciarías para así bloquear que salgan de allí posibles llamadas con finalidades delictivas. Además, establecía un regimen de control y comunicación mediante teléfonos fijos monitoreados.

Seguidamente, en la sesión se aprobó la ratificación del Decreto Nº 1107/23, que modifica un decreto anterior a través del cual se otorga un suplemento no remunerativo y no bonificable, un monto fijo de $15.000, para los agentes de la jurisdicción 29- Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, comprendidos en el Escalafón Docente-Ley N° 647-E, que revistan como supervisores docentes de todos los niveles y modalidades.

También, se aceptó el Veto Parcial del Poder Ejecutivo a la sanción legislativa 3827-G, de Prevención Concientización y Tratamiento del Juego Patológico, mediante el cual se introducen modificaciones al texto previamente sancionado.

Finalmente, el Cuerpo definió reprogramar la próxima sesión ordinaria, la cual se fijó para el 16 de agosto, luego de las elecciones PASO nacionales.