PRONÓSTICO EXTENDIDO

Fernando Berecoechea, presidente de IPDUV aseguró “Hay más de $1.600 millones de deuda del Estado nacional hacia las empresas constructoras del Chaco”

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En la 100º Asamblea Nacional de Vivienda, realizada en La Plata, Berecoechea junto a sus pares de otras provincias analizaron la situación de las obras paralizadas desde hace varios meses y las alternativas para salir de este contexto junto con el sector empresarial.

“Estuvimos presentes 21 de los 23 presidentes de los Institutos de Viviendas del país, también la segunda y tercera línea de la Secretaría Vivienda de la Nación, y fue la primera vez que muchos de los presidentes que asistimos lo hacíamos cumpliendo las funciones hace muy poco tiempo asumidas”, remarcó el titular del IPDUV.

“Cada una de las jurisdicciones pudo comentar cual es la situación que se está viviendo respecto a la paralización de la obra pública en materia de viviendas y fuimos a buscar respuestas de la Secretaría de Viviendas de la Nación respecto a qué va a ocurrir con las deudas que tiene Nación con la empresariado chaqueño y alguna respuesta sobre cómo continuar cada una de las obras que tenemos en la provincia”, señaló el funcionario provincial sobre lo expuesto en la jornada.

Sin embargo, aseguró que no los resultados no fueron positivos. “Volvimos con la misma incertidumbre con la que fuimos. Todavía la Secretaría no está conformada, están faltando designar algunos subsecretarios y esto significa que, administrativamente, hay trámites que no pueden ni siquiera iniciarse en Nación”, lamentó.

En ese sentido, apuntó a que “desde el punto de vista de una definición de una política respecto a la situación de las viviendas sociales, la Nación fue muy clara de un comienzo, tienen otra concepción de cómo se debe financiar la obra pública, insisten que debe haber una participación del sector privado muy importante y que el Estado nacional no debe financiar el cien por ciento de la construcción de viviendas”.

“Es otra manera de mirar a la política habitacional, distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados en los últimos 20 años en el país y, al tomar este camino tan distinto, necesitan rever muchas de las cuestiones que están convenidas con las provincias y estamos nosotros en el medio”, aseveró.

“La línea de acción depende de la decisión de un tercero”

Sobre la situación local, Berecoechea sostuvo que “el Chaco, a través del Instituto de Viviendas, en los últimos 16 años de gestión, no ha construido ningún plan de viviendas con recursos propios. Esto es un problema porque cuando la línea de acción depende de la decisión de un tercero, hay que someterse a los vaivenes de ese tercero y eso es lo que ocurre en este momento. Nación está intentando plasmar su visión respecto a la obra pública y nosotros estamos esperando con cientos de empresas constructoras y miles de familias chaqueñas que siguen esperando el sueño de su casa propia”, agregó.

Reconoció que “esto trae daños colaterales” y que hay “muchos sectores que están afectados”. “Por un lado el sector empresarial porque hay más de 1.600.000 pesos de deudas del Estado nacional hacia nuestras empresas constructoras del Chaco, también los proveedores de materiales se ven resentidos, el personal de la construcción y las familias, que en algunos casos están hace más de 20 años esperando tener alguna respuesta a su situación de vivienda”, enumeró.

Consultado sobre las obras que quedaron paralizadas en la provincia, detalló que son “1.343 viviendas quedaron en distintos grados de avance de construcción; tenemos obras al 95%”. No obstante, dijo que el “problema no es simplemente que se destrabe o se resuelva desde Nación continuar con el financiamiento de la vivienda, ya que la provincia debe hacerse cargo de las redes de infraestructura”.

“El año pasado en febrero, se ha tomado la decisión de desfinanciar la construcción de redes de infraestructura y esto nos pone en una situación de tener que afrontar barrios de viviendas con familias ya viviendo sin luz, sin agua y sin calles. Han entregado las viviendas sin los servicios básicos para que sea considerada habitable”, expuso el funcionario y afirmó que “para la Provincia afrontar una construcción de infraestructura, que además lleva mucho tiempo, en esta situación tan crítica es un problema”.

“De todos modos, estamos trabajando en varias localidades de la provincia y estamos muy prontos de dotar de servicios a algunos barrios de la provincia. Es un cambio paradigma absoluto respecto de cómo encarar la obra pública en la provincia y debemos valernos de los recursos propios. En este sentido, el gobernador Leandro Zdero nos dijo que hay que ordenar financiera y económicamente al organismo y trabajar coordinadamente con las otras instituciones del Estado. Estamos tratando de ser muy creativos, eficientes y eficaces en los manejos de los pocos recursos que tenemos”, remarcó.

Indicó que la “deuda de la gestión anterior es de 1.200.000 pesos con el sector empresarial de un programa de construcción de viviendas también de Nación, que tenía un sistema de pago distinto, pagaba a la jurisdicción y ésta era que distribuía entre las distintas empresas ese dinero”.

“Hasta tanto la Nación no defina qué va a hacer con la obra pública que está paralizada en el país, el convenio sigue vigente y, en consecuencia, la provincia no puede destinar recursos propios a terminar viviendas. Por eso, estamos concluyendo la infraestructura, que es lo que nos corresponde”, aclaró.