La medida lo solicitaron este martes el equipo de fiscales conformados por Diego Iglesias, Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad a la jueza, Zunilda Niremperger.
Miguel Aranda está acusado de filtrar información para entorpecer capturas de narcotraficantes, solicitar coimas a través de terceras personas y beneficiar procesalmente a gendarmes acusados de montar falsos procedimientos de drogas.
El equipo de fiscales federales conformado por Diego Iglesias, Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad solicitó a la jueza, Zunilda Niremperger que ordene la detención del conjuez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, acusado de una serie de delitos, entre los que se cuentan la filtración de información para entorpecer capturas de narcotraficantes, solicitar coimas a través de terceras personas y beneficiar procesalmente a gendarmes acusados de montar falsos procedimientos de drogas.
El pedido se dio en el marco de una megainvestigación que se viene realizando hace más de un año la cual tiene como foco a organizaciones narcocriminales, como así también a integrantes de las fuerzas de seguridad que le dan cobertura.
Según la información recibida, este martes por la mañana se estaban produciendo allanamientos tanto en las oficinas del juzgado Federal de Sáenz Peña como en el domicilio particular de Aranda.
Además de Aranda, también solicitaron las detenciones de los gendarmes Cristian Daniel Marangón (comandante principal); Alberto Martín Farías (oficial jefe) y Cristian Marangón (comandante principal), como así también de Walter Ayala, un personaje con antecedentes por causas de narcotráfico y contrabando.
Por ejercer actualmente el cargo de conjuez Federal, el cumplimiento de la orden de detención de Aranda está supeditada a la remoción previa del cargo por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debido a que cuenta con fueros.
Los delitos que se investigan son los de falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica; cohecho pasivo y activo; prevaricato, tráfico de influencia, encubrimiento agravado por calidad de funcionario público y asociación ilícita.
