Estuvo nueve días contra su voluntad internada y sedada. Había sido retirada de su vivienda la semana pasada, en un brutal operativo.
Gabriela Casas, la abogada y empleada judicial que fue retirada de su domicilio mediante un brutal operativo que destrozó el portón de acceso de la vivienda y cuatro puertas, para luego ser sedada e internada contra su voluntad en el sector de salud mental del Hospital Perrando, pudo ayer dejar ese nosocomio. Fueron nueve días que su hermano Benjamín definió como «un secuestro».
Con signos de estar aún medicada, Gabriela llegó a su casa del barrio Provincias Unidas pasadas las 13 horas.
En las inmediaciones, algunos vecinos, enterados del inminente arribo de la mujer, la esperaron para transmitirle su afecto, luego de los durísimos momentos vividos desde el lunes 7 de octubre, el día del increíble procedimiento judicial y policial.
DEMANDAS EN CIERNES
Al ingresar a la vivienda, ayudada por sus dos hermanos, Gabriela cruzó unas pocas palabras con NORTE. Dijo «estar bien», aunque se la notaba bajo los efectos de los sedantes que vinieron administrándosele.
Benjamín Casas, el menor de los hermanos, dijo que Gabriela «está muy bien, recién estamos conversando las primeras palabras con ella y nos dice que está bien».
«Veremos qué pasa con el tema legal. Vamos a demandar a los dos poderes (Judicial y Ejecutivo), la policía, y al doctor que la sedó ese día para llevársela», agregó.
«Vamos a ver qué pasa ahora con el tema legal -insistió-, por toda la irrupción ilegal que fue toda esta internación», expresó. Y aseveró que el operativo «fue un secuestro».
En verdad, la salida de Gabriela del hospital no cierra en absoluto el escándalo institucional desatado por el procedimiento del lunes pasado.
Ahora hay en marcha una investigación penal, a cargo de la fiscal Rosana Soto, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río, solicitó a la Procuración y a la Defensoría General que le brinden informes detallados sobre todo lo relacionado con el caso.
Las miradas se dirigen a la titular de la Defensoría General, Alicia Alcalá, que fue quien libró un oficio solicitando una evaluación psiquiátrica de Gabriela Casas, quien tiempo atrás había formulado una denuncia por violencia laboral como empleada de la Defensoría. También se evalúa el rol de la Policía, cuyo Órgano de Control Interno anunció sumarios para todos los efectivos que intervinieron. Falta saber quién dio la orden de avanzar.
