A menos de una semana de que el ministerio de Economía, liderado por Sergio Massa, presente el Presupuesto 2023, reunida en Chaco, la Liga de Gobernadores fijó postura y pidió federalizar la Ley de leyes y garantizar la obra pública.

Todo esto en el marco de un posible ajuste en la obra pública. Medios nacionales informaron sobre los estudios de la cartera manejada por Massa para realizar un recorte adicional del 0,2% del PBI para llevar a 1,9% el déficit proyectado para el próximo año.

«En la agenda de gestión permanente consideramos necesario lograr los consensos necesarios para federalizar el Presupuesto 2023 con el objeto de garantizar la continuidad de las obras públicas en nuestras provincias» ,  señalaron los mandatarios en declaraciones a la prensa. 

«Nosotros no esperamos recorte de obras. Si va a existir o no recorte, lo tiene que responder el Ministro de Economía. Hubo una respuesta, de palabra, de que no va a haber recorte, pero no hay garantía», informó TN que señalaban cerca de uno de los gobernadores que lideran la Liga.

Desde Resistencia, los gobernadores emitieron significativos comunicados: el primero para repudiar el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner  y el segundo para que se garantice la obra pública en las provincias.

En la nota dirigida al jefe de Gabinete, Juan Manzur, los gobernadores solicitaron la inclusión de un artículo específico en el proyecto de ley de Presupuesto 2023 que será presentado el próximo 15 de septiembre. El artículo establece la creación del Programa de Infraestructura para el Desarrollo del Corredor Bioceánico del Norte Grande Argentino, con el objeto de garantizar el financiamiento con las partidas pertinentes y la incorporación de diversas fuentes de financiamiento.

La propuesta faculta al Poder Ejecutivo para promover la asignación de un financiamiento garantizado con fuentes nacionales e internacionales durante el transcurso de 15 años -un piso mínimo del 40 % del presupuesto de obras de infraestructura asignadas- para corregir asimetrías históricas en materia de infraestructura vial, energética, sanitaria, escolar, habitacional, de fibra óptica, portuaria, de agua potable, de cloacas y gas, entre otras. 

También presentaron una serie de propuestas destinadas a ejecutar el plan de implementación de subsidios diferenciales para la región, considerando el mayor consumo promedio de energía respecto al resto del país.

La iniciativa establece en su primer punto la necesidad de extender como regla general los beneficios de los subsidios tanto a usuarios urbanos y rurales. En segundo lugar, se buscará extender los límites de los subsidios a usuarios residenciales entre los meses de abril a octubre a 550 kw/mes/hora, y desde noviembre a marzo a 750 kw/mes/hora. Por último, propusieron promover un tratamiento para usuarios no residenciales que sea compatible con el consumo de las empresas por parte de las distribuidoras de cada jurisdicción.