Se trata de Fabián Domínguez, exsecretario de Gobierno del Municipio de Enrique Urien. Tras participar de la gestión de Liliana Pascua, renunció luego de detectar facturas apócrifas de obras y servicios que nunca se realizaron y deudas del municipio con corralones de Villa Ángela por materiales que nunca aparecieron.

En febrero de 2015, denunció estas situaciones ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En ambos casos, las causas administrativas no avanzaron.

La intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, fue imputada por la fiscalía Federal de Sáenz Peña en una causa donde se investiga, entre otros delitos, la presunta entrega irregular de viviendas sociales que tenían como destino familias indígenas, pero que terminaron en manos de los familiares de la jefa comunal, allegados e incluso ella misma.

Uno de los testimonios clave en esta causa es el de Fabián Domínguez. Exfuncionario del Municipio de Urien, Domínguez se desempeñó en el cargo de Secretario de Gobierno entre marzo de 2014 hasta enero de 2015.

Renunció el 15 de ese mes luego de manifestar sus diferencias con la conducción municipal debido a los reiterados hechos de corrupción que se habrían perpetrado en ese tiempo.

Finalmente, en febrero de ese año, hizo las denuncias administrativas ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ninguna de ellas avanzó.

¿Qué denunció Domínguez? “En primer lugar, llamó poderosamente mi atención el cambio permanente de contratistas en las diferentes obras y que los mismos no eran de la localidad. Esta situación me llevó a localizar a dichos contratistas de la ciudad de Villa Ángela, al hablar con ellos, me lleve la sorpresa de que ninguno había trabajado en alguna de las obras en las que aparecían como responsables en la localidad de Enrique Urien”, señaló en sus denuncias.

Tal es así, el caso de una cooperativa llamada “El Constructor” y el responsable adujo que nunca había realizado obra alguna en la localidad en cuestión, sin embargo, existen facturas por más de $2.000.000, adujo el denunciante.

Por otra parte, Domínguez comentó que localizó a un joven, de nombre Bruno Emanuel Ayala, quien había ido a pedir trabajo en la municipalidad de Urien y aunque nunca le dieron trabajo alguno, lo hicieron inscribir para obtener así su facturero con el que se descubrió que desde el municipio facturaron $457.000 en diferentes obras sin su conocimiento o aprobación.

En ambos casos, se facturaron varias obras que aún están sin terminar, pero el dinero casi en la totalidad del costo ya fue cobrado. “Ejemplo de ello, son las 10 viviendas del Programa Pueblos Originarios, obra para la cual bajó el 90% de los recursos para su construcción, no obstante, ello, según foja de medición del Ingeniero Franco del I.P.D.U.V., tiene un avance del 63% y se encuentra detenida hace varios meses”, comentó Domínguez.

“Es decir, que las facturas son utilizadas para poder retirar u obtener el dinero respectivo para cada obra. Agrego que deriva de esto, que los contratos existentes para cada obra son Falsos, como así también, las órdenes de Pago y por consecuencia los endosos de los cheques”, dijo el denunciante.

“Por otro lado, hay deudas en corralones de la localidad de Villa Ángela, como ser: Bracamonte por $300.000, de materiales que nadie sabe adónde fueron a parar, pero seguro que las obras no, ya que las mismas se encuentran paradas y, de no ser así, cada una recibe los recursos por otras vías. A otro comercio llamado Hierros Kennedy, también de Villa Ángela, se le adeuda más de $50.000 materiales que tuvo como destino a un Hípico y un Campo de Doma, ubicado uno al lado del cementerio local y el otro a 400 metros al norte del municipio, y ninguno cuenta con proyecto que avalen esa inversión”, aseveró.

“Es difícil denunciar”

En declaraciones el exfuncoinario de Urien se mostró sorprendido por el rápido avance que está teniendo la causa en el fuero federal, luego de que el diputado radical, Alejandro Aradas, presentara la denuncia penal.

“Después de mis denuncias fui cuatro o cinco años bombardeado en cuanto micrófono ella agarró (en referencia a Pascua). De ser el denunciante, pasé a ser el delincuente. Y ahora, la Justicia nos pone a cada uno en su lugar: ella imputada y yo testigo”, afirmó.

“Sé que no es fácil denunciar y entiendo a la gente que no denuncia porque es muy difícil enfrentarse a funcionarios más cuando tienen el poder y los medios a su favor”, señaló.

Domínguez recordó además que su renuncia de enero de 2015 no fue la primera. “Yo había renunciado en agosto de 2014 debido a irregularidades que encontré. Pedí una reunión con la intendenta y el tesorero y no me supieron dar las explicaciones que les pedí. Luego pudimos llegar a un acuerdo y retomamos unas obras que estaba paradas. Y en junio renuncié de forma definitiva porque en realidad no se corrigió nada y se agravó aún más la situación”, explicó.

El caso nació tras una denuncia presentada ante la justicia Federal por el diputado radical, Alejandro Aradas, en octubre del año pasado. Tomando como base una publicación del portal de noticias Infoqom, Aradas recordó que en 2013 el gobernador, Jorge Capitanich, anunció la construcción de 10 viviendas para el paraje La Viruela, que fue desbastado por un tornado. Pero la intendenta Pascua decidió relocalizar las mismas para construirlas en el ejido de Urien y finalmente fueron entregadas en 2016.

Esas viviendas, sostiene la denuncia, que estaban destinadas a familias indígenas vulnerables, terminaron siendo ocupadas en su gran mayoría por familiares, amigos e inclusive por la propia Pascua. Los allegados beneficiados de manera presuntamente irregular fueron su cuñado, un tío, su madre y la expresidenta del Consejo Deliberante, muy cercana a Pascua.

No sólo eso: varias construcciones fueron edificadas de manera que no se ajustan a lo normado en dicho plan ya que difieren sustancialmente con las características austeras. “Sin ir más lejos, la habitada por Pascua es de dos pisos lo que evidencia las profundas divergencias que existen con el plan que las motivó”, remarcó Aradas.

Por otra parte, en la denuncia se menciona una casona ubicada en Villa Ángela cuya propiedad es también de la jefa comunal. La misma tiene una superficie de 400 metros cuadrados y está valuada estimativamente en más de 30 millones de pesos.

Lavado

De acuerdo al requerimiento de instrucción judicial, firmado por el fiscal, Carlos Amad, Pascua está imputada por los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso real, con enriquecimiento ilícito; fraude en perjuicio de la Administración Pública; lavado de dinero y evasión agravada por la conformación de facturas apócrifas.

Sin embargo, el juez del caso, Fernando Carbajal, consideró que por una cuestión de competencia, el fuero federal sólo puede investigar el lavado y las facturas apócrifas. No así los delitos precedentes. De todos modos, Amad anticipó que apelará esta decisión. Pascua deberá declarar el 14 de abril, a las 9, en la sede del juzgado Federal de Sáenz Peña.