Así lo adelantó el titular del Órgano de Control Institucional, Ricardo Urturi, luego de la polémica y el pedido de familiares y amigos de la trabajadora judicial.

Este martes, el director general del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, se refirió al caso de Gabriela Casas, quien fue retirada de su vivienda en el barrio España para ser internada en el área de Salud Mental del Hospital Perrando. 

Ante ello, anunció que se iniciaron las acciones investigativas para determinar la responsabilidad de los policías que participaron del procedimiento, el cual fue catalogado como «violento», por parte de familiares y amigos de la trabajadora del Poder Judicial.

«Ayer iniciamos las actuaciones, hay varios pedidos de informe para la Comisaría que actuó, a la Dirección de Zona, al órgano de revisión mental. En todo procedimiento policial queda detallado quiénes lo llevan a cabo», sostuvo.

«Estamos en etapa de recolección de pruebas y ver quiénes intervinieron en el procedimiento multidisciplinario», agregó.

Asimismo, aclaró que hubo una orden de la Defensoría General del Poder Judicial, pero que en todo lo que tenga que ver con fiscales, magistrados y demás, no tiene injerencia el OCI.

«Tengo entendido que no ha habido delito, pero hubo un pedido de la defensora general respecto del estado de salud de Casas», expresó.

Además, remarcó que para ingresar a un domicilio, debe haber una orden judicial, «lo cual siempre debe ser expedida por un juez, y acá no había orden. Sin embargo, hay excepciones, como cuando hay incendios, inundaciones y cuando está en peligro la vida de la persona», destacó.

«Si hubo trasgresión de normas disciplinarias hay distintas categorías de penas. Se está investigando qué responsabilidad les puede caber a todos los que hayan participado, para determinar qué pasó, cómo y si hubo trasgresión. Si el COE ingresó, es porque hubo una orden, y debemos averiguar quién la dio, de dónde vino, en qué marco y demás», concluyó.